Una denuncia por privación ilegítima de la libertad surgió como un dato llamativo durante la audiencia realizada este miércoles en Tribunales de Rafaela, en la que tres hombres quedaron en prisión preventiva acusados de comercializar estupefacientes desde una vivienda de barrio Güemes.
El episodio fue mencionado durante el debate por el juez Nicolás Stegmayer al momento de analizar el contexto de la investigación que terminó con el allanamiento en una casa de calle Luis Maggi al 1900, donde fueron detenidos José Luis Pizarro, Carlos Barberán y Tomás Valenzuela.
Según consta en actuaciones judiciales, la denuncia fue radicada el 9 de febrero y hace referencia a un hecho ocurrido dos días antes, el 7 de febrero.
Una compra que terminó en violencia
De acuerdo con el relato de las víctimas, dos personas se dirigieron ese día a la vivienda de calle Luis Maggi al 1900 con la intención de comprar estupefacientes.
Sin embargo, al llegar al lugar habrían sido interceptadas por un grupo de personas —hasta ahora no identificadas— que las atacaron con golpes y amenazas mientras portaban armas de fuego.
Siempre según esa denuncia, las víctimas fueron reducidas y obligadas a ingresar al domicilio, donde permanecieron retenidas durante varias horas, desde la madrugada hasta la tarde del sábado.
Durante ese tiempo, los agresores les exigieron dinero y otros bienes. En ese contexto, una de las víctimas habría sido obligada a firmar la transferencia de su motocicleta y también a realizar una transferencia de dinero a una cuenta virtual y luego trasnferido a otra cuenta.
Un dato que apareció en la audiencia
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia de este miércoles, la cuenta a la que se transfirió el dinero pertenecería a un familiar de uno de los tres imputados en la causa por narcomenudeo.
No obstante, hasta el momento la investigación no ubica a Pizarro, Barberán ni Valenzuela como responsables directos de ese episodio.
A pesar de ello, el testimonio de las dos personas que denunciaron el hecho fue considerado parcialmente por el juez Stegmayer como un elemento contextual para analizar la presunta existencia de un punto de venta de estupefacientes en el domicilio allanado.
La causa por la presunta privación ilegítima de la libertad continúa en investigación y, por el momento, no se informaron imputaciones en relación con ese hecho.
El avance de esa denuncia podría arrojar nuevos elementos sobre lo ocurrido en la vivienda de barrio Güemes semanas antes del operativo que derivó en las detenciones.
