El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a exfuncionarios nacionales y salpica al entorno presidencial, tiene fuerte repercusión en Santa Fe. La referente Gabriela Bruno aseguró que el caso demuestra cómo se desviaron recursos esenciales para un colectivo que viene denunciando recortes y precarización en las prestaciones.
“Para todas las personas con discapacidad esto es gravísimo. Venimos peleando la ley de emergencia por los recortes que sufrimos y nos encontramos con que los fondos se desviaban. Es indispensable que se investigue, que se haga justicia y que se restituyan los recursos”, señaló Bruno en diálogo con Mitre Santa Fe.
La referente recordó que ya en 2023 había advertido sobre irregularidades en las auditorías de pensiones. “Era evidente que estaban seducidos por la gran caja que maneja la agencia. Esa caja es una conquista de derechos: garantiza centros de día, maestras integradoras, sillas de ruedas, transporte y pañales. No puede ser utilizada como botín político ni como negocio para unos pocos”, remarcó.
En Santa Fe, Bruno denunció que siguen llegando cartas documento con suspensiones de pensiones, lo que genera angustia e incertidumbre en familias y personas con discapacidad. “Responde a un plan sistemático de recorte. Para ellos son gastos, para nosotros son derechos”, cuestionó, al tiempo que advirtió sobre la crítica situación de instituciones que deben sostenerse con colectas y ventas de comida para no cerrar sus puertas.
Finalmente, Bruno expresó que el colectivo se encuentra organizado y decidido a continuar la lucha. “Nos empoderamos y logramos instalar el tema en la agenda pública. Queremos justicia y que se cumplan los derechos ya reconocidos por ley. No vamos a aceptar retrocesos: necesitamos avanzar hacia la ampliación de derechos, no volver atrás”, concluyó.
