Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato en Guayaquil del fiscal ecuatoriano César Suárez, que tenía a su cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento a un canal de TV de la semana pasada, mientras cientos de militares ingresaron a una cárcel de esa ciudad portuaria, centro de la guerra del gobierno contra las bandas narco.
El comandante de Policía César Zapata informó por la plataforma X la detención de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal pocas horas antes de que un millar de militares y policías ingresaran a la cárcel Regional Guayas, ubicada en el Complejo Penitenciario de Guayaquil, de donde se fugó el capo narco Adolfo Macías, alias Fito, publicó la prensa local.
Las autoridades no informaron detalles del operativo en el centro carcelario, que se cumple un día después del asesinato del fiscal Suárez en el norte de Guayaquil, refirió el diario Primicias, que apuntó que en días pasados se realizaron procedimientos similares en penitenciarías de Cuenca, Latacunga, Esmeraldas, Ambato, Azogues, Machala y Archidona.
Respecto de las detenciones, Zapata detalló que las investigaciones permitieron identificar la presunta participación de los dos hombres en el crimen del fiscal Suárez, un hecho que revitalizó la espiral de violencia que atraviesa Ecuador y que había logrado calmarse solo parcialmente por unos días.
Durante el operativo, la Policía encontró un fusil, dos pistolas, prendas de vestir que simulan ser de una fuerza de seguridad y dos vehículos.
En el posteo de X, Zapata presentó una fotografía de los dos sospechosos (sin que se puedan identificar sus rostros), otra de las armas y dos de la vestimenta, que incluye un uniforme de la policía de Tránsito y su correspondiente gorra.
El crimen del fiscal
Suárez era fiscal de Guayas, y tenía a cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento a un canal de TV de la semana pasada.
También intervino en casos de narcotráfico, peculado, terrorismo y muertes violentas, pero ahora estaba al mando de dos investigaciones emblemáticas.
Por un lado, una por delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que la prensa local llamó “caso Metástasis” y en la que fue detenido en Panamá uno de los principales acusados, Daniel Salcedo; y, por otro, la toma del canal público de Guayaquil en medio de un noticiero el martes de la semana pasada.
Salcedo llegó a Ecuador y quedó alojado en la cárcel 4, de Quito, luego de que el conjuez nacional Pablo Loayza legalizara su detención y ordenara su traslado, informó la Corte Nacional de Justicia, consignaron medios locales.
Salcedo había ingresado a Panamá el 29 de diciembre de 2023 proveniente de Colombia, indicó en rueda de prensa el director general de investigaciones de la Policía, Freddy Sarzosa.
En Ecuador no registró salidas de aeropuertos ni vía terrestre, por lo que se presume lo hizo de manera ilegal.
La captura de Salcedo Bonilla se produjo en Ciudad de Panamá, cuando manejaba un vehículo particular y los policías, en un operativo de control, lo retuvieron y constataron que tenía una alerta de notificación roja de Interpol desde Ecuador, según el sitio web de noticias Primicias.
Junto con Salcedo también fue extraditado el exgerente del Hospital del Guasmo, en Guayaquil, Álvaro Ponce, procesado por venta ilegal de medicinas, que también fue capturado en Panamá. A diferencia de Salcedo, que permanecerá recluido en una cárcel de Quito, Ponce estará en Guayaquil.
El caso «Metástasis»
Salcedo forma parte de una lista de personas, que incluye al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán (en prisión preventiva), involucrados en el caso ‘Metástasis’, que investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial.
La Fiscalía ha vinculado a 39 personas en este caso, cuya investigación comenzó tras la muerte del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en prisión en octubre de 2022.
Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones (chats) que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
