El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de USD 2.000 millones para la Argentina, aunque acompañó la decisión con fuertes advertencias. Según el economista Matías Battista, el organismo corrigió sus propias metas de acumulación de reservas ante el bajo cumplimiento: “Esperaban USD 2.400 millones positivos para fin de año, pero aceptan que se llegue a -2.600 millones”. Esto representa un guiño al Gobierno, aunque no sin condiciones.
Una de ellas es la actualización urgente del índice de inflación. “El FMI plantea que el actual no refleja la realidad de consumo de las familias y distorsiona todo el análisis macroeconómico”, señaló Battista. El Fondo exige un nuevo indicador que contemple con más precisión los servicios, y advierte que, sin esa corrección, las mediciones de salarios reales, recaudación y déficit pierden sentido.
Otra preocupación es la sostenibilidad de la deuda. Aunque el FMI solo exige superávit primario, advirtió que la capitalización de intereses de las LECAP será insostenible a futuro. “Prevé que a partir de 2027 se necesitará un superávit primario del 2,5% del PBI”, explicó el economista. El organismo empieza a mirar más allá del corto plazo y sugiere que la política fiscal deberá endurecerse si no se corrigen estos desbalances.
Finalmente, el FMI subraya la necesidad de construir consensos políticos amplios para que las reformas estructurales sean sostenibles. “El fondo ya no se conforma con promesas, sino que exige acuerdos duraderos”, concluyó Battista. En un clima económico frágil, sin inversiones sostenidas ni horizonte claro, el organismo observa con atención los pasos del gobierno argentino de cara al nuevo ciclo electoral.
