En el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad, el trabajo de identificación de víctimas del terrorismo de Estado continúa arrojando resultados, aunque también enfrenta importantes desafíos. Así lo explicó el forense David Dib, quien participa en las tareas vinculadas al análisis de restos hallados en el ex centro clandestino de detención La Perla.
Según detalló, el proceso de búsqueda y análisis se desarrolla desde hace más de dos décadas en articulación con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que comenzó a trabajar en Córdoba en 2003 tras el hallazgo de fosas comunes en el cementerio San Vicente.
Uno de los puntos clave de la investigación actual se centra en la denominada “Loma del Torito”, donde se encontraron restos óseos en condiciones extremadamente fragmentadas. “Se trata de huesos muy pequeños, de uno o dos centímetros, que deben ser recuperados, clasificados y analizados con enorme precisión”, explicó Dib.
El procedimiento incluye tareas de excavación, zarandeo del suelo —tanto mecánico como manual— y posterior análisis en laboratorio. A partir de allí, los especialistas intentan reconstruir los esqueletos, determinar si los fragmentos corresponden a una misma persona y, finalmente, realizar estudios genéticos.
Gracias a este trabajo, ya se logró identificar a 12 personas que fueron enterradas de manera clandestina en ese predio. Sin embargo, el proceso está lejos de завершarse. “Hay muchos restos que tienen ADN, pero no tenemos con qué compararlo”, advirtió el especialista.
En ese sentido, remarcó la importancia de que familiares de personas desaparecidas se acerquen a aportar muestras genéticas. “Es fundamental para poder seguir identificando”, sostuvo, al tiempo que destacó la complejidad emocional de este proceso, que involucra a las llamadas “víctimas secundarias”, es decir, los familiares.
También subrayó el rol de las organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, en la búsqueda de familiares y en el acompañamiento de las investigaciones.
El trabajo, además, requiere financiamiento constante. Si bien el gobierno de Córdoba ha colaborado con recursos y logística, advirtió que las próximas etapas necesitarán mayor inversión para continuar con las excavaciones y los análisis.
El ex centro clandestino de detención La Perla es uno de los más emblemáticos del país: se estima que entre 2.500 y 3.000 personas pasaron por allí durante la última dictadura.
Para Dib, la tarea no es solo científica, sino también social. “Es importante saber que esto pasó y poder darle identidad a quienes fueron víctimas”, afirmó, en línea con iniciativas internacionales como el programa de Naciones Unidas orientado a la identificación de personas desaparecidas.
