En una presentación conjunta, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Javier Martín, y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, describieron un escenario marcado por la retracción del consumo, la caída en los niveles de producción y el avance de las importaciones.
Según expusieron, en los últimos dos años cerraron alrededor de 2.200 empresas en la provincia y se perdieron unos 15 mil puestos de trabajo. Martín precisó que más del 70% de las ramas industriales opera con niveles de utilización de capacidad instalada que oscilan entre el 45% y el 54%, lo que implica que una parte significativa del aparato productivo se encuentra inactivo.
El dirigente industrial cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no impulsar una política específica para el sector y sostuvo que la apertura comercial “sin condiciones de equilibrio” podría profundizar la crisis, con más cierres y mayor desempleo. También consideró que el debate económico debería plantearse en términos más institucionales y con propuestas concretas para el entramado productivo.
En relación con el argumento oficial de que la liberalización puede generar beneficios para los consumidores, Martín planteó que la pérdida de empleos impacta directamente en el mercado interno, ya que reduce la capacidad de compra. Desde algunos sectores industriales, incluso señalaron que empresas que habían incrementado su stock de productos importados hoy enfrentan dificultades para comercializarlos en un contexto de fuerte recesión.
Por su parte, Diab sostuvo que el comercio también atraviesa una etapa compleja. Indicó que las ventas vienen registrando variaciones interanuales negativas desde hace varios meses y mencionó que incluso en períodos con movimiento turístico el gasto promedio resulta inferior al de años anteriores. Como reflejo del deterioro del poder adquisitivo, afirmó que se observa un aumento en las compras financiadas, incluso en productos básicos.
Ambos dirigentes coincidieron en la estrecha vinculación entre industria y comercio, al señalar que la caída de la producción repercute en el empleo y, en consecuencia, en el consumo. También advirtieron que rubros como el metalmecánico, la fundición, el calzado y el textil enfrentan una competencia creciente de productos importados.
Finalmente, remarcaron que si bien Argentina no puede fabricar la totalidad de los bienes que consume, tampoco puede sostener un esquema basado exclusivamente en la importación, ya que ello afectaría el valor agregado local y los niveles salariales. La postura pública de ambas entidades, tradicionalmente moderadas en sus declaraciones, evidenció la preocupación del empresariado santafesino ante el rumbo económico y sus posibles consecuencias para la estructura productiva provincial.
