Luego de más de siete horas de debate intenso, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y sancionó además la denominada ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para el Gobierno nacional. Con el acompañamiento de bloques aliados, el oficialismo logró imponerse en votaciones ajustadas y cerrar un año legislativo marcado por negociaciones contrarreloj.
La aprobación del Presupuesto 2026 representa un hito para la actual gestión, ya que es el primer presupuesto avalado por el Congreso durante el gobierno libertario y el primero en ser sancionado luego de tres años sin una ley de gastos aprobada. El debate estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas, cuestionamientos de la oposición y discusiones internas dentro de los bloques dialoguistas.
Uno de los puntos más controvertidos fue un artículo que modifica el esquema de financiamiento de áreas sensibles como educación, ciencia y tecnología. Desde sectores opositores y del ámbito académico advirtieron que estos cambios implican dejar sin protección legal pisos mínimos de inversión, lo que podría habilitar recortes futuros sujetos a decisiones coyunturales.
Pese a las resistencias, el oficialismo logró sostener el capítulo más discutido gracias a apoyos clave y abstenciones estratégicas. El resto del articulado del Presupuesto avanzó con mayor consenso, aunque quedaron fuera algunas reformas que habían generado rechazo previo en Diputados.
Tras la sanción del Presupuesto, el Senado también aprobó la ley de Inocencia Fiscal. La norma apunta a modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, simplificando procedimientos tributarios y elevando los montos punibles por evasión. El objetivo central es incentivar la regularización de ahorros fuera del sistema y reducir la litigiosidad judicial.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca generar mayor previsibilidad, priorizar el cumplimiento voluntario y dejar atrás un esquema basado en la presunción de culpabilidad. Para el oficialismo, se trata de un paso clave para reconstruir la confianza en el sistema impositivo y promover la formalización de la economía.
