El Ejecutivo nacional optó por retirar la iniciativa de reforma del Régimen Penal Juvenil que había enviado al Congreso esta semana y presentará un nuevo proyecto con cambios clave, en especial la edad de imputabilidad fijada en 14 años en lugar de 13. La decisión se tomó a un día de intentar dictaminar la norma en comisiones y ante la falta de consenso entre bloques parlamentarios.
La propuesta original había contemplado bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años, pero sectores de la oposición dialoguista —como PRO y UCR— habían señalado que solo apoyarían un umbral de 14 años, lo que llevó al Gobierno a ajustar el texto antes de someterlo a debate formal.
El relanzamiento del proyecto busca acelerar su tratamiento: la expectativa oficial es formalizar el dictamen en comisiones esta semana y someterlo a votación en la Cámara de Diputados. Entre los cambios incorporados figura una partida presupuestaria de más de 23.700 millones de pesos destinada a la implementación del nuevo régimen penal juvenil, incluyendo financiamiento para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
El texto propone un régimen diferenciado para jóvenes de entre 14 y 18 años, con penas máximas de hasta 15 años para los delitos más graves y un fuerte énfasis en medidas de reinserción social, evitando la privación de libertad como primera opción. También prevé el desarrollo de institutos especializados y garantías de acceso a educación, salud y apoyo psicológico durante el proceso judicial.
Con esta modificación, el Gobierno busca dar respuesta a la creciente preocupación social por la seguridad vinculada a adolescentes en conflicto con la ley, al tiempo que intenta construir mayor consenso legislativo para avanzar con la reforma penal juvenil en el corto plazo.
