Ciudad de Buenos Aires, 4 de febrero de 2026. El Poder Ejecutivo de Argentina oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La medida se produce luego de un fallo judicial del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválido un decreto presidencial previo que había suspendido la aplicación de la ley por consideraciones presupuestarias y ordenó su entrada en vigencia inmediata.
Qué implica la reglamentación:
La norma reglamentada define el marco operativo para poner en marcha medidas clave de la ley, entre las que se destacan:
La creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, con criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades.
La centralización de la política de discapacidad bajo la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
La participación de organismos como el Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios socioeconómicos y de evaluación.
Plazos para auditorías y mecanismos de control.
El Gobierno aclaró que la reglamentación busca dar precisión administrativa a la ley sin “reconocer hechos ni derechos” sobre los argumentos del fallo judicial.
La Ley 27.793 había sido sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2025 con amplio respaldo parlamentario, y declaraba emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.
Sin embargo, el Ejecutivo había vetado parcialmente o condicionado la aplicación de la norma argumentando que carecía de financiamiento asignado en el Presupuesto Nacional para cubrir las prestaciones y beneficios que contemplaba. Esta postura fue rechazada por la Justicia, que determinó que condicionar la vigencia de la ley a la disponibilidad presupuestaria era incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.
La reglamentación concretada este miércoles es vista como un paso importante para implementar los mecanismos de protección social que la ley prevé, aunque analistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que todavía quedan aspectos por definir operativamente y en materia presupuestaria para garantizar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.
Este desarrollo también marca un hito en un debate político y judicial que comenzó con la sanción de la ley, continuó con el rechazo al veto presidencial y desembocó en la intervención judicial que obligó al Estado a activar mecanismos de inclusión y asistencia social en un sector históricamente vulnerado.
