A través de un decreto publicado este viernes en el primer Boletín Oficial de 2026, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, luego de que ambas iniciativas fueran sancionadas por el Senado el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $148 billones y proyecta un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Entre las principales variables macroeconómicas, se estima una inflación anual del 10,1%, un tipo de cambio oficial de $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%.
En cuanto a la distribución del gasto, la mayor parte se destinará a servicios sociales, con una asignación de $106,5 billones, seguida por el pago de deuda pública ($14,1 billones) y los servicios económicos ($11,4 billones). Además, el texto establece restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública, con excepciones en áreas consideradas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.
Este es el primer presupuesto que el presidente Javier Milei logra aprobar en el Congreso desde el inicio de su gestión. Entre los puntos destacados, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones, un aumento del 5% en el gasto destinado a jubilaciones, del 17% en Salud y del 8% en Educación. Asimismo, se asignan $4,8 billones a las universidades nacionales. El superávit primario proyectado será del 1,5% del PBI y el financiero alcanzará el 0,2%.
En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que oficializa el Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario. La iniciativa busca incentivar la incorporación al sistema formal de ahorros en dólares actualmente fuera del circuito bancario, bajo la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario.
La norma aclara que no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, permite a los contribuyentes utilizar ahorros por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones, aunque quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
