El Gobierno nacional anunció este martes una reforma integral del régimen migratorio que será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. La medida, que endurecerá los requisitos para obtener residencia y facilitará la expulsión de extranjeros, fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia realizada en Casa Rosada.
Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, Adorni afirmó que “Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, justificando así la iniciativa del Ejecutivo.
Deportaciones aceleradas y restricciones para ingresar
Entre los principales cambios, se establece que ninguna persona extranjera con condena judicial podrá ingresar al país, sin importar el tipo de delito. Además, cualquier persona que cometa un delito en territorio argentino podrá ser deportada, incluso si la pena es inferior a cinco años. Aún no se detallaron los plazos ni los procedimientos administrativos o judiciales para llevar adelante las expulsiones.
La medida recupera aspectos del derogado DNU 70/2017, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri y anulado en 2021 por considerarse inconstitucional. En aquel entonces, la Justicia objetó que ese decreto vulneraba derechos fundamentales de los migrantes y limitaba el acceso a la justicia y el debido proceso.
Cobro de servicios de salud y aranceles universitarios
Otra de las modificaciones destacadas es que los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud, y quienes deseen ingresar al país deberán contar con un seguro médico obligatorio. Según el Gobierno, esta medida busca reducir el gasto estatal, que en 2023 ascendió a $114.000 millones en atención sanitaria para extranjeros.
Además, se habilitará a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente, una medida que no alcanzará a los niveles inicial, primario ni secundario.
Justificaciones del Gobierno y respaldo político
El anuncio retoma una promesa realizada por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, cuando sostuvo que el país no puede ser “un centro de beneficios pagado por el bolsillo de los argentinos”. En esa línea, Catalán reforzó hoy el mensaje en redes sociales: “Tenemos una política migratoria que invita al caos: en los últimos 20 años ingresaron más de un millón de personas de forma irregular”.
La reforma fue redactada por la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de María Ibarzábal, y forma parte de una serie de medidas que el Gobierno busca implementar por decreto en el marco de su plan de reformas estructurales.
Qué dicen los datos oficiales
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), hasta diciembre de 2023 había 111.967 personas privadas de la libertad en Argentina. De ese total, el 6% son extranjeros, en su mayoría oriundos de Paraguay, Bolivia y Perú.
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, informó que dentro del Sistema Penitenciario Federal hay 1.884 personas extranjeras detenidas, lo que representa el 16,1% de esa población específica. En la provincia de Buenos Aires, el número asciende a 3.050 personas extranjeras alojadas en unidades penitenciarias provinciales, es decir, el 45% de la población carcelaria extranjera en todo el país.
Un nuevo frente de debate
La reforma anunciada genera controversia y ya anticipa tensiones con organizaciones de derechos humanos, que en el pasado se opusieron al DNU de Macri y denunciaron que asociar migración con criminalidad vulnera tratados internacionales y principios constitucionales.
Aunque el Gobierno defiende el decreto como una herramienta para “ordenar el sistema” y reducir gastos, sectores opositores anticipan que presentarán recursos judiciales para frenar su implementación, alegando que la modificación de la Ley de Migraciones debería pasar por el Congreso y no realizarse por decreto.
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