El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que duplicará el monto de las recompensas destinadas a quienes brinden información certera que permita esclarecer homicidios cometidos desde 2014 en adelante. De esta manera, la suma pasará de 8 millones de pesos a 16 millones.
La medida se enmarca en el Programa de Recompensas, una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de reducir los niveles de violencia e impunidad. El sistema garantiza la reserva absoluta de identidad de las personas que aporten datos útiles, tanto antes como durante y después de los procesos judiciales o de investigación.
Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó: “Es una decisión muy clara del gobernador que todos los homicidios en Santa Fe tengan una recompensa de base para ser esclarecidos y terminar con la impunidad”. Además, remarcó que el trabajo de investigación se intensifica en paralelo, como lo demuestra la reciente captura de Waldo Bilbao, uno de los delincuentes más buscados de la provincia, detenido el viernes pasado en Rosario tras un operativo de inteligencia.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló que Bilbao ocupaba el tercer puesto en la lista de más buscados y fue capturado durante un procedimiento encabezado por la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia, con apoyo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). El caso se suma a otras detenciones recientes de prófugos de alta peligrosidad, como Sebastián “Dibu” Gómez, arrestado semanas atrás en Dock Sud, y vinculados al narcotráfico y delitos violentos.
Desde junio de 2024 hasta la actualidad, y a partir de las herramientas que habilitó el paquete de leyes aprobado en 2023, fueron capturados Mauricio Laferrara, Lisandro “Limón” Contreras, Jonatan Riquelme, Mauri Ayala, Mirko Yedro y Pablo Raynaud, entre otros. Estas acciones forman parte de la estrategia oficial para debilitar las estructuras criminales y garantizar justicia en los casos de homicidios.
Con el Programa de Recompensas, el Gobierno provincial busca sumar instrumentos concretos a la política de persecución penal y prevención de delitos complejos. El objetivo es quebrar pactos de silencio, favorecer la colaboración ciudadana y acelerar los tiempos de justicia, en especial en hechos vinculados al crimen organizado.
