Mediante un decreto publicado este jueves, el Gobierno nacional ajustó las partidas presupuestarias vigentes, con el objetivo de priorizar la la seguridad, habilitar avales para el endeudamiento de las provincias y garantizar el pago de los compromisos con organismos internacionales.
El decreto 186/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, implementó una redistribución de partidas presupuestarias con el fin de fortalecer sectores esenciales:
Seguridad: Se incrementaron los recursos destinados al Ministerio de Seguridad para mejorar el monitoreo de personas procesadas o condenadas.
Salud: Se asignaron más fondos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, enfocándose en la auditoría de pensiones por invalidez.
Educación: Se restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, que garantiza la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
Reducción de subsidios energéticos y nuevas inversiones
Como parte de las medidas de ajuste fiscal, se redujeron las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Simultáneamente, se reforzaron los aportes a Energía Argentina S.A. (ENERSA) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
Mecanismos de financiamiento para provincias y sector eléctrico
El decreto establece nuevas herramientas financieras:
Deuda de distribuidoras eléctricas: Se implementó un régimen especial de regularización para las distribuidoras con deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), permitiendo planes de pago de hasta 72 cuotas. Además, se lanzó un programa de créditos para las distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
Financiamiento provincial: Se autorizó al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a créditos externos. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Aportes internacionales y continuidad de la emergencia energética
El Gobierno aprobó pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas. Asimismo, se ratificó la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, manteniendo el esquema de reducción gradual de subsidios.
Estas modificaciones reflejan la estrategia del Gobierno de redistribuir los recursos con un enfoque en la seguridad y el equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, busca ordenar las cuentas públicas sin descuidar el financiamiento de las provincias ni los compromisos internacionales.
Se pretende ajustar el gasto público, sin dejar de priorizar las áreas esenciales y con el fin de buscar mecanismos eficientes de financiamiento, en línea con su objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.
