La dotación de personal del Sector Público Nacional registró una caída sostenida desde la asunción del presidente Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se eliminaron 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% del empleo público nacional, equivalente a casi 80 despidos por día.
El recorte alcanzó a todos los sectores del Estado, aunque con impactos desiguales. En términos absolutos, la mayor cantidad de despidos se concentró en las empresas y sociedades del Estado, seguidas por la administración descentralizada y la centralizada. Sin embargo, al analizar la variación porcentual, la administración centralizada fue la más afectada, con una caída superior al 30% de su planta de personal.
Entre las empresas públicas, el Correo Argentino encabezó el listado con 5.284 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AySA. El informe advierte que estos recortes impactan sobre servicios estratégicos como la conectividad territorial, el transporte, el sistema financiero público y el acceso al agua potable.
En términos proporcionales, el caso más extremo fue el de la ex Télam, donde se desvinculó a casi el 79% del personal, dejando a la agencia en una situación de virtual desmantelamiento. También se registraron fuertes reducciones en ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos y la Casa de la Moneda.
El ajuste también golpeó con fuerza a la Administración Pública Nacional. ARCA perdió más de 3.300 trabajadores, mientras que el CONICET sufrió la salida de más de 2.000 personas entre investigadores, técnicos y personal de apoyo. ANSES, ENACOM, INTI e INTA figuran entre los organismos más afectados, con consecuencias directas en áreas clave como la ciencia, la producción, la seguridad social y la regulación estatal.
En el plano social, el informe destaca reducciones alarmantes en organismos vinculados a políticas sociales, discapacidad, seguridad vial e investigación científica. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió más del 64% de su planta, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte y el INAES registraron recortes superiores al 40%.
El CEPA concluye que el proceso no responde a una reorganización estratégica del Estado, sino a una política de ajuste generalizado que vacía capacidades técnicas, científicas y sociales. Según el informe, lejos de mejorar la eficiencia, los despidos masivos comprometen la capacidad del Estado para garantizar derechos, regular sectores estratégicos y promover el desarrollo nacional.
