La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, tras el hallazgo de una importante cantidad de estupefacientes, armas de fabricación casera y dispositivos electrónicos dentro de la unidad penitenciaria. Como resultado de las inspecciones, el Gobierno provincial dispuso la remoción de la cúpula directiva del penal y apartó a seis celadores mientras continúa la investigación.
El operativo, encabezado por el fiscal federal Gustavo Onel, se inició luego de que efectivos de Gendarmería Nacional encontraran 15 panes de marihuana enterrados en el patio del pabellón 6. A partir de esta primera incautación, Onel dispuso un procedimiento exhaustivo que derivó en la detección de 12 celulares, 18 armas blancas, chips de telefonía, pendrives y una cantidad significativa de drogas. Además, se constató que dos cámaras de vigilancia ubicadas en la zona no estaban operativas, lo que despertó sospechas sobre posibles irregularidades en la seguridad del penal.
La intervención continuó con nuevos allanamientos en distintos pabellones, lo que permitió decomisar 55 gramos de cocaína, 131 de marihuana, semillas y una planta de cannabis. También se incautaron 884 armas caseras, muchas de ellas fabricadas con metales y plástico endurecido, además de 34 celulares adicionales y otros dispositivos electrónicos que los reclusos utilizaban dentro del establecimiento.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Gobierno provincial tomó medidas inmediatas. La cúpula directiva del penal fue desplazada y seis celadores fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación para determinar cómo ingresaron estos elementos al penal y si hubo complicidad del personal penitenciario.
El fiscal Onel, quien lidera la causa, mantiene el foco en esclarecer la red de ingreso de drogas y objetos prohibidos al penal. Se espera que en las próximas horas surjan nuevos resultados de las pericias, lo que podría ampliar la lista de implicados en el caso.
Este episodio se da en el marco de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Santa Fe para combatir el crimen organizado y reforzar el control en las unidades penitenciarias. En paralelo a los allanamientos, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Piñero, con capacidad para más de 1.100 internos, con el objetivo de mejorar las condiciones carcelarias y reducir el poder de las organizaciones delictivas dentro de los penales.
