La abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad, Mariela Peña, advirtió que el colectivo vuelve a encontrarse en estado de alerta ante las demoras del Gobierno nacional en la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. En diálogo con Rafaela Noticias TV, se refirió al proceso judicial en curso y a la expectativa generada por la próxima reglamentación de la norma, cuyo plazo ya fue fijado por la Justicia.
Peña explicó que, tras haber ganado un amparo contra el Estado nacional, el juez interviniente resolvió poner fin a las dilaciones administrativas. “El Gobierno venía presentando escritos para estirar los tiempos, por eso el magistrado estableció que el 4 de febrero la ley debe estar reglamentada y en vigencia”, señaló.
La abogada remarcó que esta definición judicial genera expectativa en distintos sectores. Por un lado, en los prestadores de servicios, ya que la normativa contempla una actualización del nomenclador que rondaría entre el 50 y el 70 por ciento. Pero también impacta directamente en las personas con discapacidad que tienen trámites de pensiones paralizados desde 2023, a raíz de auditorías que la propia Justicia consideró mal implementadas. “Hay ciudadanos y ciudadanas que nunca pudieron acceder a una pensión y que deberían empezar a recibir respuestas a partir de febrero”, afirmó.
Un tercer grupo beneficiado sería el de las personas que trabajan en talleres protegidos, varios de ellos ubicados en Rafaela y la región. Peña detalló que el estímulo económico que perciben actualmente es de apenas 40 mil pesos mensuales, una cifra que consideró insuficiente para subsistir. “La ley de emergencia también prevé una actualización de ese monto, lo cual es fundamental”, subrayó.
En cuanto a la situación crítica del sistema, la especialista alertó sobre el cierre de entre 60 y 70 instituciones en todo el país. Uno de los sectores más afectados es el transporte para personas con discapacidad. “El valor que se paga por kilómetro no llega a mil pesos, cuando el combustible cuesta alrededor de 1.800. Muchas empresas se reconvirtieron y hoy trabajan para paquetería o e-commerce porque es más rentable. La pregunta es quién traslada ahora a esas personas”, planteó.
También se refirió a la realidad de los profesionales de la salud. A modo de ejemplo, mencionó que el honorario ético mínimo de un psicólogo ronda los 29 mil pesos, mientras que el nomenclador de discapacidad paga cerca de 16 mil. “Esa diferencia no la absorbe nadie y genera que muchos profesionales dejen de atender a personas con discapacidad porque el sistema es inviable”, explicó.
Finalmente, Peña cuestionó los discursos que hablan de “negocio” en el ámbito de la discapacidad. “Si un transportista trabaja por menos de mil pesos el kilómetro y un profesional cobra el 50% de lo que marca el valor ético, ¿dónde está el negocio? Lo que buscamos es poner esta realidad en tensión y que el sistema pueda sostenerse”, concluyó.
