En la sesión del jueves 19 de marzo, la Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que introduce cambios en el régimen de honorarios de los peritos médicos judiciales dentro del ámbito laboral.
La propuesta impulsa una modificación en el Código Procesal Laboral que desacopla el monto de los honorarios de los peritos respecto de la magnitud del daño o la gravedad de los accidentes o enfermedades laborales. Según se argumentó desde el Gobierno, el sistema vigente resultaba poco transparente y podía generar incentivos para sobredimensionar lesiones con el fin de obtener mayores ingresos.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del esquema de peritos independientes designados por la Justicia. En su lugar, se prevé la creación de un Cuerpo Profesional de peritos médicos que dependerá del Poder Judicial. Para su conformación se convocará a seis nuevos cargos, que se sumarán a tres ya incorporados recientemente. Estos profesionales percibirán honorarios fijos, desvinculados del resultado del proceso o del grado de incapacidad determinado.
Hasta tanto se complete la integración de este cuerpo especializado, continuará el sistema actual de designación, aunque bajo el nuevo régimen de honorarios.
El proyecto también introduce modificaciones en la tramitación de causas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese sentido, se establece que el demandante deberá acreditar previamente el agotamiento de la vía administrativa y fundamentar cualquier discrepancia con lo resuelto por la Comisión Médica correspondiente.
Asimismo, se habilita la acumulación de acciones judiciales cuando cumplan determinados requisitos de conexidad, lo que apunta a agilizar los procesos. También se prevé que las pericias sean realizadas, en principio, por el nuevo cuerpo profesional, aunque se contempla la posibilidad de designar peritos por sorteo en caso de no contar con especialistas disponibles.
En cuanto a los honorarios, estos serán fijados por el juez en función de la labor técnica realizada, su calidad, celeridad y relevancia en el proceso, con un tope establecido. En general, deberán ser afrontados por la parte que resulte vencida, aunque se contemplan excepciones, especialmente en casos donde el trabajador no cuente con capacidad de pago suficiente.
Por otra parte, la iniciativa incorpora mecanismos de control y seguimiento, como la creación de un Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Este organismo tendrá como objetivo auditar el cumplimiento de plazos y requisitos formales, además de relevar y sistematizar información estadística sobre el funcionamiento del sistema, con el fin de mejorar su transparencia y eficiencia.
El proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado para su aprobación definitiva.
