Para el mediodía de este lunes está prevista una reunión entre representantes de la Sociedad Rural de Rafaela y el Concejo Municipal. Los primeros asistirán en su carácter de administradores de los salones en donde se organizan numerosos eventos en los que se cobra abultadas sumas en concepto de derechos de autor por parte de las asociaciones civiles SADAIC y AADICAPIF, que nuclean a intérpretes y artistas.
La Rural de Rafaela recibe continuamente consultas de los organizadores de eventos que contratan el predio. Y a todos les dice lo mismo, en relación con el famoso decreto 765/24, que supuestamente ordenó que dejen de cobrarse los derechos de autor que reclaman las dos instituciones mencionadas.
«Actualmente estos derechos siguen siendo exigibles por parte de SADAIC y AADICAPIF. Estas entidades intiman, una vez realizado el evento y mediante cartas documento, para que se abonen las retribuciones adeudadas en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Las intimaciones se dirigen directamente a los propietarios de los salones, quien son considerados solidariamente responsables del pago de los derechos sobre fonogramas y derechos de autores».
La gerencia de la Rural recordó que SADAIC y AADICAPIF manifiestan que el decreto en cuestión es inconstitucional y contrario a derecho. Argumentan que su redacción es confusa, genera incertidumbre e inseguridad jurídica».
A todo esto, lo que dirá la institución al Concejo ya está definido y no es otra cosa que la posición que la entidad viene manteniendo: hasta tanto no exista una «resolución judicial firme en todas sus instancias que exima del pago de estos derechos a los salones de eventos, la institución continuará exigiendo los comprobantes de pago correspondientes a SADAIC y AADICAPIF, en línea con lo firmado y acordado contractualmente entre las partes».
Esto quedó definido de antemano, se lo reiterarán hoy a los concejales y es la postura de la Rural ante los planteos que hicieron las comisiones de padres que organizan las fiestas de graduaciones, que se realizan en la Rural y donde los montos exigibles serían de entre 8 y 9 millones de pesos.
