La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este viernes que la causa Vialidad fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la justicia, sostuvo que en las acusaciones en su contra «se violó la Constitución Nacional» porque fueron asentadas sobre «decretos aprobados por el Parlamento» y consideró la actuación de los fiscales y los jueces en ese juicio constituye «un claro caso de prevaricato».
«Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio», expresó la Vicepresidenta desde su despacho en el Senado de la Nación, al exponer vía Zoom en ejercicio de su propia defensa en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
Durante poco más de hora y media, la Vicepresidenta analizó los motivos por los cuales sostiene los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola violaron la Constitución Nacional con las pruebas que tomaron en cuenta para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos, y anticipó que reclamará la extracción de testimonios de todas sus contradicciones en relación a la prueba por constituir «un claro a caso de prevaricato».
Ante ello, pidió a los jueces que «se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación».
«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», remarcó la Vicepresidenta en su exposición, en la que puso el foco en «las arbitrariedades» cometidas en su contra en el marco de este proceso.
«A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo», enfatizó la exmandataria.
Esto «realmente es un disparate, esto complica a un país; lo torna poco serio; lo pone casi al borde del ridículo», cuestionó poco después de anticipar que podrá al alcance de los argentinos y «del mundo» a través de su plataforma lo ocurrido en el marco de este debate.
La acusación «no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal», continuó Cristina Fernández de Kirchner.
«El derecho penal de autor en la Argentina tiene nombre y apellido: se llama Cristina Fernández de Kirchner», dijo antes de dar tres ejemplos de «las mentiras» de los fiscales Luciani y Mola y de concluir que se está ante un «claro caso de prevaricato».
«No solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal», enfatizó la Vicepresidenta.
En caso de prosperar esa acusación fiscal en un veredicto de los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu se «llegaría al ridículo de que el fiscal no lo sería porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó.
Además, recordó que se trata de «tres Gobiernos elegidos por el pueblo» los que definieron las políticas puestas en tela de juicio en este debate.
«No podemos ser una asociación ilícita. Se discuten decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Por eso digo que este juicio no tiene andamiaje constitucional», planteó.
«Desde la fiscalía dicen que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz» (…)»Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, es absurda, raya en el ridículo»
«Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí», dijo la Vicepresidenta, quien exhibió un ejemplar suyo de la Constitución Nacional y otras normas para detallar cómo la fiscalía violó su artículo 1 de la Carta Magna, que «adopta como sistema de Gobierno el sistema representativo, republicano y federal»
«La gente elige los Gobiernos, los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor Kirchner y los que me tocó encabezar a mí fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser una asociación ilícita», insistió la exmandaria.
En ese sentido, luego se preguntó: «Si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? Nadie puede estar medio embarazado», sostuvo, con ironía.
Por eso, evaluó que, si la acusación llegase a prosperar, «quiere decir que si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por ser los frutos del árbol envenenado».
«Llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podrá estar en esta causa porque no es fiscal, porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó Cristina Fernández de Kirchner y preguntó a los jueces: «¿Se dan cuenta adónde vamos? Al desastre, al desastre que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina en el ámbito judicial».
La fiscalía «se arroga la supremacía sobre los otros dos poderes (del Estado). No, no no», rechazó la Vicepresidenta dirigiéndose a los magistrados. «Va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en ese juicio», dijo.
Además, en otro de los puntos de sus cuestionamientos, la Vicepresidenta señaló que los representantes del Ministerio Público Fiscal analizaron los mensajes del también procesado ex secretario de Obras Públicas José López y encontraron «cuatro» entre 26.000 que usaron para acusarla.
Sin embargo, resaltó, «se pasó por alto más de 400 llamadas del señor (Nicolás) Caputo, hermano de la vida del ex presidente (Mauricio) Macri», recordó.
«Se le pasó en el caso del señor Caputo» y recordó que era también asiduo asistente a la quinta de Macri, Los Abrojos, al igual «que un señor juez integrante de este Tribunal y un fiscal que juegan al fútbol».
En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió «no son autores intelectuales».
En esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: «El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador» de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente «en estado de indefensión».
«En este mismo tribunal fiscales y jueces juegan al fútbol con el expresidente en su quinta Los Abrojos. Y eso a nadie le parece extraño»
La expresidenta había prestado declaración indagatoria en el juicio el 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, previo a la pandemia de coronavirus. Después de más de tres años de juicio, la exmandataria intentó el 22 de agosto pasado ampliarla, pero los jueces se lo negaron y, por eso, ahora decidió, en su condición de abogada, hacer uso de su derecho a la propia defensa en el alegato final en la causa.
Fernández de Kirchner tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta «jamás impartió ninguna directiva vinculada» a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
«Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan», sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.
«No existe una obligación de control» sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que «no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico», remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
«Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio», concluyó.
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: «No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado»
«Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación», agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. «El 90 por ciento de las obras no fue peritado», advirtió.
Por otro lado, cuestionó y exhibió parte de los informes periodísticos que aludían a rutas no terminadas en Santa Cruz o que «llevaban a ningún lado» con los testimonios en el juicio, que desmintieron esto. «Uno ve este informe (el del programa PPT) y dice bueno, ya está, pero cuando vienen los técnicos nos cuentan que todo esto es mentira, tuvimos que esperar seis años para que esto en definitiva, en un juicio, termine mostrándose que era todo una falacia».
Beraldi recordó que en las dos jornadas anteriores se refirió a la forma en que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una «absoluta fantasía» de la fiscalía decir que se actuaba «como un instrumento de una asociación ilícita. Carece de toda seriedad»
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la Vicepresidenta a doce años de condena e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Beraldi reiteró que la fiscalía incurrió en «mala praxis» y «vulneración del derecho de defensa» y que se fragmentó la causa «deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad».
«Pareciera como que el juicio no existió», cuestionó la defensa al aludir al «nivel de improvisación de la fiscalía». «No existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados», ejemplificó.
Además, exhibió también parte de declaraciones de testigos como un ex funcionario de Vialidad que afirmó que el «verdadero perjuicio al Estado fue causado» por el gobierno de Mauricio Macri, «que abandonó las obras dejándolas en situación de ruina», remarcó Beraldi.
