En el trasfondo de las denuncias de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, con menos foco en la trascendencia humana e institucional del tema que en sus especuladas implicancias partidarias, se ha instalado un debate sobre la función y el gasto del desmantelado ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fuera creado por «el primer feminista» y desechado por Javier Milei.
Más allá del enunciado político y los propósitos alegados en el relato de uno u otro, de los registros presupuestarios se desprende que el gobierno de Unión por la Patria gastó el la referida cartera -entre el 2020 y el 2023 -$212 mil millones por año.
A valores actuales, entre el 2013 y el 2015, el presupuesto ejecutado en el Consejo Nacional de las Mujeres fue de unos $4 mil millones por año. Y entre el 2016 y el 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres gastó aproximadamente $9 mil millones por año.
El informe del Instituto para el Desarrollo Social de Argentina (Idesa) que expone los datos, evalúa que «en la última década, diferentes gobiernos con diferentes tendencias ideológicas asignaron cada vez más recursos a la causa de la mujer. El apogeo se logra con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la multiplicación en 24 veces del presupuesto respecto a lo que se venía erogando durante el gobierno previo de Cambiemos. Las evidencias muestran que la lucha contra la violencia de género no tuvo escasez de recursos públicos nacionales».
La violencia de género no se puede reducir sólo al femicidio directo (muerte violenta de mujeres/mujeres trans/travestis perpetradas por varones por razones asociadas a su género) más el indirecto (cometido contra personas independientemente de su género) a fin de causar sufrimiento a una mujer. El fenómeno es más complejo, pero la tasa de femicidio es tal vez el indicador más significativo en la materia.
En 2017 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logró consolidar el protocolo y la metodología para la detección y elaboración del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
Según ese informe oficial, la tasa de víctimas de femicidio directo cada 100 mil mujeres por año, sólo verificó leves variaciones estadísticas entre el 1,12 del año 2017 y el 1,05 del 2023. Más aún, en 2022 fue de 0,96 y en un año subió 12%.
Al analizar los datos del presente año y en conmemoración de los 8 años de «Ni una menos», el observatorio de femicidios Adriana Zambrano contabilizó 127 víctimas en los primeros 5 meses del año y advirtió: «Nueve años en los que las estadísticas no descienden, con un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género y con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pareciera no tener voz».
Problemas de gestión
«Como ocurre en el resto del sector público, el principal problema no es la falta de recursos sino los déficits de gestión. Una estrategia que se repite es que ante deficiencias de un organismo del Estado, en lugar de resolver el problema, se crea otro organismo que asume responsabilidades similares. Esto genera solapamientos que aumentan el gasto, sin mejorar los resultados», reseñó Idesa, el centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina.
«En el caso de la lucha contra la violencia de género, el Ministerio de las Mujeres se superpone con los Ministerios provinciales de la Mujer y con las Secretarías municipales de la Mujer. Se crean tres estructuras burocráticas que tratan de suplir las deficiencias del Poder Judicial que es quien tiene la competencia y la responsabilidad de luchar contra todos los delitos, incluyendo los de género. Si la Justicia fuera empática con las víctimas no sería necesario montar estructuras burocráticas paralelas», añade el análisis.
De acuerdo al informe de la Oficina de la Mujer de la Corte, «si se toma el período completo (2017-2023), hubo una leve caída del 0,8%, ya que pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado en 2017 a 250 víctimas en 2023, una diferencia absoluta de 2 casos, mostrando relativa estabilidad entre los extremos de la serie», a pesar del significativo incremento de los presupuestos asignados.
Para Idesa, «superponer organismos con iguales o similares funciones, entre diferentes niveles de gobierno, es una práctica generalizada en el sector público argentino. Es políticamente atractivo porque permite aparentar compromiso con las demandas de la sociedad y sirve de excusa para nombrar personal y generar otros tipos de contrataciones. Hasta que esta mala práctica de gestión no se revierta no hay posibilidades de lograr equilibrio fiscal sustentable con buena calidad de los servicios públicos».
