La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este viernes que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman que lo acompañaban el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después contra la exmandataria.
Por su parte, el diputado opositor también presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el que negó la acusación en su contra y reclamó que sea investigado por supuesto “falso testimonio” el testigo que dijo haberle escuchado decir la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
Día de cruces en la causa por el ataque a Cristina
Las presentaciones se dieron en un día en el que subió la tensión en torno al expediente: la querella por primera vez expuso por escrito fuertes diferencias de criterio con la jueza Capuchetti, mientras que el diputado Milman sostuvo que el testigo puso palabras en su boca con “inconfesables fines políticos”.
Los cruces están relacionados al desarrollo del legajo de investigación que hasta esta semana había mantenido en secreto y que se inició a partir de la denuncia de un testigo que dijo haber escuchado que Milman hizo referencias a un hecho que podría ser el atentado fallido contra la Vicepresidenta, dos días antes de que ocurriera.
El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: “Escucho con mis propios oídos que Milman dice textual ´cuando la maten yo estoy camino a la costa´, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ´y tu chofer?´ Y el le contesta: ´Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo’”.
Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles, cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales de Comodoro Py a declarar como testigos.
A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.
Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles último cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos.
En ese contexto, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, quienes representan a la Vicepresidenta en el expediente, presentaron un recurso de reposición ante el juzgado de Capuchetti para que «se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco», según surge del escrito al que accedió Télam.
“Este recurso tiene origen en la denegación de la solicitud de esta querella vinculada con el secuestro de los dispositivos celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco Dicha, petición que se realizó verbalmente en un cuarto intermedio solicitado por esta parte durante las audiencias de las testigos”, sostuvieron los abogados.
“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”, remarcaron.
“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira
En la presentación se destacó además que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia la presencia del Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.
“El resto del testimonio se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo ´cuando la maten yo estoy camino a la costa´, la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada”, explicaron.
Aldazabal y Ubeira consideraron que, “más allá de lo que hicieran las partes”, la jueza debió “haber ordenado una medida indudablemente necesaria” mientras que “lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, ´fundándolo´ varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”.
