Un hombre oriundo de San Jorge, Rubén V., de 59 años de edad, debió comparecer en la mañana de este sábado en una audiencia imputativa que luego también se transformó en cautelar, y que presidió el juez Nicolás Stegmayer, para responder por la comisión del delito de «amenazas». Si bien la tipificación del caso corresponde a un delito menor que generalmente no llega a tratarse en audiencias públicas, las particularidades que reviste el caso llevaron a que la fiscal Favia Burella resolviera pedir su tratamiento de esa forma.
La víctima del caso es la periodista rafaelina Carina Ortiz, quien además de ejercer su profesión participando en distintos programas de LT 28 Radio Rafaela, también es la presidenta del Círculo de la Prensa de Rafaela y se desempeña como corresponsal local del canal 5 Regiones, de la provincia de Santa Fe.
La propia Carina contó en la audiencia las particulares circunstancias que le tocaron vivir. Conviene mencionar que Carina está casada y tiene una hija de 12 años (su esposo estuvo presente en la audiencia), por lo que indirectamente su núcleo familiar también se vio envuelto en una oscura trama generada por los delirios del imputado, un hombre que claramente requiere un tratamiento psiquiátrico al que, según su familia, siempre se negó a realizar.
Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando el hombre -que vive en San Jorge y según su familia nunca salió de esa ciudad en los últimos 30 años- se comunicó con la radio donde trabaja Carina con la intención de hablar con ella. Ahora se sabe que el hombre la conoció a través la pantalla televisiva, ya que algunos de los programas en los que participa Carina se replican en distintos puntos de la provincia. La periodista lo atendió, el hombre se declaró admirador de su trabajo y le pidió alguna información relacionada con cuestiones de trámites, como suele ocurrir con muchos oyentes y televidentes que a veces piden comunicarse privadamente con los periodistas de los medios regionales.
No hubo nuevos contactos, porque Carina no le suministró su teléfono particular y desde la radio tampoco se lo suministraron al hombre de San Jorge. Sin embargo, finalmente el sujeto pudo -ya avanzado el mes de enero- averiguar el teléfono celular de la periodista y el 19 de enero comenzó una pesadilla que la colega rafaelina debió vivir hasta el pasado miércoles, cuando el hombre fue finalmente detenido tras una pesquisa para averiguar su identidad.
El acosador comenzó a comunicarse con llamados, mensajes de whatsapp y de texto, así como audios. Tan intenso fue el acoso que en una sola noche, entre las 23 y las 7 de la mañana, Carina recibió 132 alertas de comunicación por parte de al menos 4 teléfonos celulares que utilizaba el acosador.
El sujeto inventó, en su delirio -con rasgos de psicosis paranoica, según describió un perito que también ofreció su testimonio presencial en la audiencia de este sábado-, una historia romántica en que la mujer rafaelina, a la que le declaraba su amor llamándola «bebé», supuestamente le contaba vivencias personales. En ese relato completamente disparatado que se había formado en la mente del hombre, se interponían figuras masculinas -por ejemplo, el esposo de Carina- que lo «obligaban» a actuar: «Si se hace el matón me voy a poner loco», le decía en uno de los mensajes, en alusión al esposo de la mujer, que a todo esto no contestaba ningún mensaje y le había bloqueado los teléfonos a medida que iban apareciendo nuevas formas de comunicación, incluidos celulares con característica de Rafaela.
Rubén V. participó de la audiencia y dio claros indicios de sus problemas psíquicos. En todo momento pretendió hablar con la víctima y el juez Stegmayer tuvo que intervenir repetidamente, y no siempre con éxito, para silenciarlo, ordenarle que no hable si no se le daba la palabra y finalmente tuvo que hacerlo salir de la sala con acompañamiento policial para que Ortiz pudiera explayarse con claridad a la hora de testimoniar en su rol de víctima.
Lo que se resolvió
La abogada defensora, del servicio de defensa penal oficial, Dra. Georgina Alassia, planteó la inimputabilidad de su representado, y lógicamente abogó por su libertad absoluta. Sin embargo, tuvo un traspié cuando convocó al estrado a los hermanos del limputado. La hermana dijo que directamente no podía hacerse cargo del hombre, porque «nunca quiso someterse a tratamiento». Y el otro hermano, tras pedir disculpas a la víctima en nombre de su familia, también coincidió en ello, aunque aclaró que el hombre «nunca fue violento con las mujeres. Al contrario, ha recibido palizas por defender a mujeres a las que cree en situación de peligro».
Finalmente, y ante las dificultades con que se encuentra la Justicia para ordenar medidas que brinden seguridad a las víctimas -en este caso a la periodista acosada, que hizo saber su preocupación por ese tema así como por el hecho de que hace varios días que no puede trabajar porque nunca podía saber si el hombre que la hostigaba (que le describía la vestimenta que utilizaba en ese momento) estaba viéndola por la televisión o en realidad la estaba siguiendo personalmente-, Stegmayer resolvió medidas alternativas a la prisión preventiva: el sujeto tiene prohibido comunicarse de ninguna manera ni con Ortiz ni con su entorno familiar y laboral; así como tampoco puede venir a Rafaela.
En suma, a nadie le quedaron dudas que el hombre imputado está fuera de sus cabales, pero se plantea la necesidad de que el Estado cuente con herramientas como para que este tipo de situaciones se atiendan de manera adecuada, no sólo por la salud mental de los que padecen los problemas, sino para atender a la seguridad de las víctimas de quienes sufren las consecuencias de esos desequilibrios.
