A dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, los ocho acusados de haber cometido un «homicidio con dolo eventual» continúan trabajando en distintas áreas de salud a la espera de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro defina si la causa finalmente va a un juicio oral, donde podrían terminar condenados a una pena de entre 8 y 25 años, informaron fuentes judiciales.
Los ocho acusados de ocasionar la muerte de Maradona son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque (41); la psiquiatra Agustina Cosachov (37); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (38); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
Según lo que Télam pudo constatar consultando a sus defensas, todos ellos pese a estar procesados en la causa -aunque sin prisión preventiva pese a lo grave de la calificación-, continúan trabajando en la actualidad en sus respectivas actividades, incluso, algunos de ellos en hospitales públicos y privados.
Luque sigue como neurocirujano en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y en el porteño Hospital Alemán; Cosachov en su consultorio privado y en un hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el psicólogo Díaz en distintas ONG de tratamiento de adicciones y también con pacientes privados; Forlini sigue trabajando en el Swiss Medical Group; y Di Spagna como parte del cuerpo médico del plantel de futbolistas del club Huracán, por nombrar algunos ejemplos.
Hace ya seis meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
Serán los camaristas Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco -y si hay disidencia se sumará Ernesto García Maañón-, quienes definan el futuro de los ocho profesionales de la salud.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el último movimiento del expediente fue que el defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó ante la Cámara lo que técnicamente se denomina audiencia del artículo 447 del Código Procesal Penal bonaerense, y que se realiza para mejorar en forma oral los argumentos de su apelación, en la que pidió el sobreseimiento de la psicóloga y, en su defecto, un eventual cambio a una calificación más benigna para su clienta.
A este pedido se sumó también el defensor de la enfermera Madrid, el abogado Rodolfo Baqué, por lo que antes de tomar la decisión de si manda a todos a juicio o no y si será con la imputación que a cada uno de ellos le hizo la fiscalía, la Sala III de la Cámara de San Isidro deberá fijar una fecha para esta audiencia.
Allí se verán las caras las defensas y el equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.
Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa irá a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.
Cuando el 22 de junio pasado elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron «con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas», y que como «garantes» de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de «revertir» su cuadro cardíaco y no lo hicieron.
En su fallo, Díaz también elevó a juicio a Luque por el delito de «uso de documento privado falso», porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por «falsedad ideológica», ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.
Los fiscales Ferrari, Iribarren y Capra y el juez Díaz coincidieron en que todos deberán enfrentar una imputación como presuntos coautores de un «homicidio simple con dolo eventual».
Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue «deficiente», «temerario» e «indiferente», sabía que el «10» podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.
Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.
La muerte y la investigación
Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.
La autopsia estableció que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».
Los chats entre los imputados dejaron en claro que Maradona hacía días que estaba desmejorado, que no se alimentaba bien, que no se levantaba de la cama y que estaba edematizado y con taquicardia, signos de una falla cardíaca que ninguno de los profesionales tratantes tomó en serio para prevenir el desenlace.
Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona y concluyó que el excapitán de la selección argentina campeona en México 86 era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales» y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta afirmó que «el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente».
QUIÉN ES QUIÉN Y DE QUÉ ACUSAN A LOS OCHO IMPUTADOS
La siguiente es la nómina de los ocho profesionales de la salud acusados como presuntos coautores del «homicidio con dolo eventual» de Diego Armando Maradona, y la imputación particular a cada uno de ellos, según consta en el requerimiento fiscal.
• Leopoldo Luciano Luque (41)
Neurocirujano. Principal imputado, para los fiscales era el médico de cabecera de Maradona. Firmó la externación de la Clínica Olivos para llevarlo a la internación domiciliaria.
-De qué lo acusan: «En su carácter de médico de cabecera (…) evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona».
-«No garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos».
-«En forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados».
-«Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar» y despreció «los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte».
-Además del homicidio, lo imputaron por «uso de documento privado adulterado» por pedir una historia clínica del «10» con una firma falsificada de su paciente.
• Agustina Cosachov (37)
Era la psiquiatra de Maradona. Otra de las principales imputadas en la causa. Era la encargada de indicar la medicación psiquiátrica que tomaba el por entonces DT de Gimnasia y también firmó la externación de la Clínica Olivos.
De qué la acusan:
-«Teniendo pleno conocimiento de la patología cardíaca (…) no adoptó los recaudos adecuados».
– Le atribuyen «no imponer límites al doliente».
-«No aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos (…), desentendiéndose de los efectos adversos».
-Fue la responsable del «apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos».
-«Omitió encargarse personalmente de la reanimación del paciente».
-Además, la imputaron por «falsedad ideológica» porque le atribuyen haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Maradona sin haber ido a visitarlo.
• Carlos Ángel «Charly» Díaz (30)
Era el psicólogo de Maradona. Ingresó al staff médico de la mano del abogado y representante del «10», Matías Morla. Es considerado como uno de los integrantes del «equipo médico tratante».
De qué lo acusan:
-«Omitió proceder a su internación en un centro de rehabilitación adecuado».
-«Fue involucrándose el ámbito de actuación profesional de la psiquiatra Cosachov, y avocándose incluso a tomar decisiones hasta entonces ajenas a su incumbencia».
-Lo acusan de «manipular» a la familia «proponiéndoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión de Maradona».
-«No hacía más que ocultar la información relativa al verdadero cuadro de salud del causante».
-Le atribuyen una «palmaria indiferencia de su conducta frente a la situación de emergencia y la posibilidad del resultado muerte».
• Nancy Edith Forlini (53)
Médica a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical. Era la coordinadora para la prepaga de la internación domiciliaria de Maradona.
De qué la acusan:
-«Omitió cumplir con los deberes mínimos a su cargo, entre los que se encontraba, de conformidad al cuadro del paciente, dotar al lugar, del personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma».
-«Omitió analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas para un paciente con las limitaciones físicas de Maradona».
-«En pleno conocimiento del deficitario servicio de enfermería (…) omitió tomar medida alguna, siendo de ese modo funcional a las conductas que ejecutaban los restantes imputados, fruto de lo cual se produjo el resultado fatídico antes mencionado, que ineludiblemente debió representarse por la condición que detentaba».
• Mariano Ariel Perroni (41)
Era el coordinador de enfermeros de la empresa «Medidom», subcontratada para aportar enfermeros y médicos a la internación domiciliaria de Maradona.
De qué lo acusan:
-«Completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Maradona recibía».
-«Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia».
• Ricardo Omar Almirón (39)
Era el enfermero que cuidaba a Maradona durante el turno noche y madrugada.
• Dahiana Gisela Madrid (38)
Era la enfermera del turno mañana y tarde.
De qué acusan a ambos enfermeros:
-«Omitieron asistir a Maradona los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió».
-«Realizaron chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación».
-«Los días previos no pudieron advertir los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca que ya eran evidentes y detectables».
-«Fueron los últimos (…) que tuvieron contacto directo con la víctima, cuando ya había comenzado el período agónico previo al deceso, datado al menos 12 horas antes del fallecimiento».
• Pedro Pablo Di Spagna (49)
Fue el clínico contratado para el seguimiento de Maradona en la casa de Tigre. Estaba en el chat de enfermeros y médicos donde se reportaban las novedades sobre el paciente.
De qué lo acusan:
-«En su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo de controlar regularmente el estado de salud del paciente».
-«Se presentó en esa calidad solo en dos oportunidades»: el 12 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre, cuando avaló «una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol».
