La posibilidad de habilitar la preventa de lotes en Rafaela abrió un debate en el Concejo Municipal. El proyecto, presentado por el concejal Lisandro Mársico junto a la arquitecta Carla Boidi, propone modificar la ordenanza vigente, que actualmente prohíbe comercializar terrenos antes de que estén finalizadas las obras de infraestructura exigidas para cada loteo.
María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, explicó los alcances de la normativa actual y planteó las observaciones del municipio sobre la propuesta. Si bien sostuvo que la posibilidad de modificar la ordenanza debe discutirse, señaló que la redacción del proyecto genera dudas respecto de las responsabilidades que podrían asumir los compradores y el Estado.
Qué establece actualmente la ordenanza
Vidal explicó que la normativa municipal de loteos, que tiene alrededor de 30 años, establece que la comercialización de los terrenos puede habilitarse una vez que se completan las obras mínimas de infraestructura.
Entre los trabajos requeridos mencionó cordón, cuneta y ripio o una calle de hormigón, provisión de agua, iluminación y forestación. Una vez finalizadas esas tareas, se puede otorgar el catastro correspondiente a cada parcela, lo que habilita a sus propietarios a escriturar, construir o solicitar un crédito.
La preventa, en cambio, permitiría comercializar los terrenos antes de completar esas obras. Según detalló la funcionaria, el proyecto contempla incluso la posibilidad de venderlos antes de que estén abiertas las calles.
En ese sentido, aclaró que la iniciativa no establece la ejecución de obras mínimas para habilitar la venta. Sí contempla instancias previas de factibilidad, como la presentación de estudios hídricos y las evaluaciones ambientales que correspondan, pero no exige que la infraestructura esté realizada.
Las preocupaciones por los compradores y las responsabilidades del Estado
Uno de los principales puntos que planteó Vidal tiene que ver con la situación de las personas que compren un terreno y deban esperar varios años para contar con las condiciones necesarias para construir.
La subsecretaria señaló que algunos loteos pueden demorar entre 15 y 20 años en desarrollarse y remarcó que la compra anticipada se realiza, en principio, mediante un boleto de compraventa entre privados.
«El Estado tiene que meterse ahí. ¿Cómo lo controla?», planteó. En ese sentido, preguntó qué sucedería si el loteador reúne el dinero de las ventas y luego no completa las obras comprometidas. Según advirtió, si el municipio avala esa modalidad, los compradores podrían reclamarle al Estado.
También señaló que modificar únicamente el artículo que prohíbe la preventa podría generar contradicciones con otros puntos de la ordenanza, entre ellos las disposiciones vinculadas al fondo de garantía que debe depositar el loteador para ejecutar posteriormente las obras.
«No es solo borrar de las ordenanzas», explicó Vidal, al considerar que cualquier cambio debe contemplar el conjunto de las disposiciones vigentes y las responsabilidades que establece.
La funcionaria agregó que, sin la aprobación municipal de la preventa, actualmente los compradores no pueden iniciar trámites para construir. Aunque una persona adquiera un terreno mediante esa modalidad, no puede gestionar un permiso de obra porque todavía no figura como propietaria de una parcela habilitada.
María Emilia Vidal: «Hay que abrir el debate»
Vidal sostuvo que el municipio no descarta discutir una modificación de la normativa, pero consideró necesario analizar con mayor profundidad sus posibles consecuencias. «No decimos que no, pero de la forma que estaba escrita y planteada la ordenanza nos genera muchas dudas», expresó.
Además, indicó que la discusión debe contemplar tanto la situación de los desarrolladores como la de quienes compran los terrenos. Entre los riesgos mencionó la posibilidad de que una persona adquiera un espacio que esté destinado a ser una plaza o un espacio verde y que, por lo tanto, no pueda construir allí.
«Las consecuencias no las vemos hoy, que se firma el papel. Se ven dentro de unos años con la gente que firmó algo de confianza y después tiene que responder el municipio», afirmó. Y agregó: «Estamos hablando de obras de infraestructura muy caras. Estamos hablando de la vivienda de la gente».
La subsecretaria también explicó que el municipio solicitó una instancia de diálogo en el Concejo para conocer los fundamentos de la propuesta y analizar sus alcances. Aunque consideró que ese intercambio no fue fructífero, insistió en que la discusión debe continuar.
Finalmente, confirmó que el proyecto seguirá siendo analizado en la Comisión de Desarrollo Urbano. «Hay que buscarle la vuelta, pero no se resuelve en una semana o quince días porque alguien lo pide, sino que hay que trabajarlo bien», concluyó.
Fuente: Rafaela Noticias
