La muerte de Thiago Benjamín Córdoba, de 16 años, en una picada de motos durante la madrugada del sábado 17 de octubre terminó con una decisión judicial: Lescano continuará detenido con prisión preventiva, sin un plazo fijado, mientras avanza la investigación.
La resolución fue tomada por el juez Javier Bottero, luego de una extensa audiencia en la que el fiscal Adrián Soria pidió que el imputado siguiera detenido, mientras que el defensor Carlos Farías Demaldé reclamó su libertad con medidas alternativas. Los padres de la víctima también tomaron la palabra para solicitar que permaneciera preso.
Bottero consideró que existen elementos para sostener, en esta etapa inicial del proceso, la probabilidad de que Lescano haya tenido responsabilidad en el hecho. Aunque descartó que exista riesgo de fuga, entendió que las alternativas propuestas por la defensa no alcanzaban para neutralizar el peligro de entorpecimiento probatorio.
La imputación provisoria es por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, en el contexto de una prueba de velocidad no autorizada.
La caída, el impacto y la discusión sobre la responsabilidad
Según la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, el accidente ocurrió sobre bulevar Lehmann, en las inmediaciones del autódromo de Rafaela. La intervención policial se produjo cerca de las 2.50 del 17 de octubre, cuando encontraron a Córdoba tendido sobre la calzada. El personal médico constató que había fallecido.
El informe médico describió lesiones graves en la cabeza, el rostro, el abdomen y las extremidades, compatibles con un politraumatismo producto de un accidente de tránsito. En el lugar se secuestraron la moto Honda Wave 110 gris de la víctima, un casco y distintos fragmentos de motocicletas.
Durante la audiencia, Soria sostuvo que Lescano y Córdoba participaban de una picada cuando se produjo la caída y el choque. Entre los elementos que presentó mencionó testimonios, registros de cámaras de seguridad, prendas de vestir y partes de una moto que, según los informes incorporados, serían compatibles con el vehículo atribuido al imputado.
Un testigo presencial relató que vio a las dos motos circular a alta velocidad. Según su declaración, Lescano iba delante, perdió el control y cayó; Córdoba habría intentado frenar, pero no pudo evitar el impacto contra la moto que se encontraba sobre la calzada. El testigo estimó que circulaban a unos 110 kilómetros por hora, aunque esa cifra no surge de una medición técnica precisa.
La Fiscalía también expuso que Lescano se retiró del lugar con su motocicleta dañada y que posteriormente se analizaron imágenes en las que una persona trasladaba una moto a pie. Para Soria, esa conducta tuvo relevancia en la investigación porque impidió realizarle en el momento un dosaje que permitiera establecer si había consumido alcohol.
La defensa no negó que ambos jóvenes hubieran participado de una prueba de velocidad, pero cuestionó que estuviera suficientemente acreditado que Lescano provocó el resultado mortal. Farías Demaldé pidió diferenciar la participación en una picada de la responsabilidad penal por la muerte y reclamó que se determinara con precisión la secuencia del accidente.
También planteó que Córdoba había asumido voluntariamente el riesgo de participar de esa actividad y presentó videos en los que, según su interpretación, se lo veía realizando maniobras peligrosas en motocicleta. Sostuvo que ese comportamiento debía analizarse al estudiar el nexo causal, aunque no implicara automáticamente excluir la responsabilidad del otro conductor.
La pericia sobre las motos tampoco permitió establecer de manera categórica que ambos vehículos hubieran entrado en contacto: el informe describió una coloración compatible con una posible transferencia, pero aclaró que no podía confirmar una correspondencia material concluyente.
Por qué Bottero rechazó los argumentos de la defensa
Al fundamentar la resolución, el juez Javier Bottero señaló que en esta etapa no se requiere certeza sobre la responsabilidad penal, sino elementos suficientes para sostener una probabilidad de autoría. En ese marco, consideró relevante que distintos testimonios describieran una secuencia compatible con la caída de Lescano y el posterior impacto de Córdoba.
Bottero también abordó el planteo de la defensa sobre la llamada autopuesta en peligro: reconoció que Córdoba había asumido un riesgo al participar de la picada, pero sostuvo que eso no eximía automáticamente al otro conductor. Según explicó, para excluir la responsabilidad de Lescano el resultado tendría que ser atribuible exclusivamente o de manera preponderante a la conducta de la víctima.
En cambio, entendió que existían elementos para considerar que la caída de Lescano y la posición en la que quedó su motocicleta pudieron contribuir al desenlace. Aclaró, no obstante, que la velocidad mencionada por el testigo era una estimación y no una medición exacta.
Otro de los puntos discutidos fue la situación personal del imputado. La defensa informó que tiene 20 años, trabaja en una panificadora, no registra antecedentes y cuenta con documentación médica vinculada con una solicitud de evaluación por discapacidad presentada cuando era adolescente. También sostuvo que se había presentado ante las autoridades, colaborado con la investigación y entregado su motocicleta.
El fiscal Soria cuestionó que esa documentación permitiera establecer una incapacidad actual y remarcó que no existía una declaración formal en ese sentido. Bottero consideró que esos antecedentes podrían seguir evaluándose durante la investigación, pero entendió que no modificaban, por el momento, su análisis sobre la probable participación en el hecho.
El riesgo de entorpecimiento fue decisivo
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la evaluación de los riesgos procesales. Bottero descartó el peligro de fuga y valoró que Lescano se hubiera presentado ante las autoridades. Sin embargo, diferenció esa cuestión del posible entorpecimiento de la investigación.
La Fiscalía había advertido que todavía restaban medidas probatorias, entre ellas pericias y diligencias destinadas a precisar las circunstancias del siniestro e identificar a otras personas que estuvieron en el lugar o pudieron haber intervenido después del choque. También señaló que varios de los testigos pertenecen al entorno del imputado y que existían circunstancias que, a su criterio, podían facilitar influencias o presiones.
La defensa rechazó esa posibilidad y propuso alternativas a la prisión preventiva: fijar domicilio, quedar bajo la guarda de una familiar, presentarse semanalmente en una dependencia policial y acreditar periódicamente la continuidad laboral. Argumentó que no había pruebas concretas de amenazas y que los eventuales riesgos podían neutralizarse con medidas menos gravosas.
Al resolver, el juez sostuvo que para evaluar el peligro de entorpecimiento debía aplicarse un criterio de probabilidad. Consideró que la posibilidad de influir, presionar u hostigar a otras personas debía analizarse en función de las circunstancias del caso, sin necesidad de esperar a que se concretara una amenaza.
Finalmente, Bottero concluyó que las medidas alternativas propuestas por la defensa no eran suficientes para neutralizar ese riesgo y ordenó la prisión preventiva de Lescano sin plazo determinado. La medida podrá ser revisada durante el avance de la investigación si cualquiera de las partes lo solicita.
El pedido de los padres de Diego
Antes de la resolución, los padres de Diego Córdoba tomaron la palabra y pidieron que el imputado continuara detenido. El padre manifestó su confianza en la Justicia y expresó: «Lo único que yo quiero es que él permanezca preso hasta que usted decida lo contrario».
La madre también cuestionó los argumentos de la defensa y reclamó que Lescano no recuperara la libertad. Ambos expresaron el dolor de la familia por la muerte del adolescente y su expectativa de que el caso avance judicialmente.
Fuente: Rafaela Noticias
