El sobreseimiento de Gino C., el adolescente que el 30 de marzo de 2026 mató a un estudiante de 13 años en una escuela de San Cristóbal, generó nuevas controversias en el marco de la causa judicial. En diálogo con Mitre Santa Fe, Luis Hilbert, abogado querellante de la familia de Ian Cabrera, explicó los fundamentos legales de la resolución, cuestionó el momento en que fue dictada y confirmó que la querella presentó una apelación.
El letrado explicó que la decisión está vinculada con la legislación penal juvenil vigente al momento del hecho. Si bien la nueva normativa que establece la edad de imputabilidad en 14 años entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026, el ataque ocurrió el 30 de marzo, cuando regía el límite anterior de 16 años. Por el principio de irretroactividad de la ley penal, Gino no puede ser juzgado ni condenado bajo la nueva legislación. Sin embargo, Hilbert consideró que hubo un apresuramiento en el dictado del sobreseimiento, teniendo en cuenta la gravedad y las características excepcionales del caso. También advirtió que la resolución implica que la situación pase al fuero de Familia, aunque el adolescente continúa alojado en una institución especializada de Venado Tuerto.
En ese sentido, el abogado señaló que durante las audiencias intervienen profesionales de psiquiatría y psicología, junto con distintos organismos provinciales vinculados a la salud mental, la niñez y la Justicia Penal Juvenil. Según explicó, esas áreas todavía no habrían considerado conveniente modificar el lugar de alojamiento del adolescente, pese a que la defensa había solicitado su traslado a Concordia, Entre Ríos, donde reside su padre. La apelación de la resolución será analizada por la Cámara Penal de Rafaela, que deberá revisar lo dispuesto por el juez de primera instancia.
Por otra parte, Hilbert confirmó que la querella avanza con acciones civiles contra los padres y el abuelo del adolescente, al considerar que podrían existir responsabilidades por el acceso al arma de fuego utilizada en el ataque y la falta de resguardo adecuado. También anticipó que iniciaron un reclamo administrativo contra el Ministerio de Educación y el Gobierno provincial, como paso previo a una eventual demanda judicial. Finalmente, reveló que el expediente penal cuenta con casi 3.000 páginas y que contiene registros de accesos del adolescente a contenidos vinculados con criminales y ataques escolares, un aspecto que forma parte del material incorporado a la investigación.
Fuente: Rafaela Noticias
