RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. Rafael Romero recuperó la libertad bajo una serie de restricciones judiciales y no podrá ingresar a Pilar durante el plazo inicial de dos años. La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Javier Bumaguin, en el marco de una causa por lesiones leves dolosas y daño que continuará en investigación.
La decisión se tomó luego de un acuerdo entre la fiscal Favia Burella y la defensora Georgina Allassia, quienes consideraron que los riesgos procesales podían ser controlados mediante medidas alternativas a la prisión preventiva.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, el magistrado le explicó a Romero las condiciones que debía cumplir y le consultó si aceptaba asumir el compromiso. El imputado respondió afirmativamente.
Aunque en la audiencia no se detallaron las circunstancias particulares de cada episodio, la investigación comprende tres hechos de violencia que involucran a cuatro personas: tres mujeres y un hombre.
Deberá vivir fuera de Pilar y no podrá acercarse a cuatro personas
Entre las principales condiciones impuestas, Romero deberá fijar domicilio en la localidad de Marcelino Escalada, y permanecer bajo la guarda de su madre, quien se comprometió a acompañarlo en el cumplimiento de las medidas. Además, tendrá prohibido mantener contacto o acercarse a las víctimas y testigos.
La resolución también establece la prohibición de ingresar a Pilar, restricción que deberá respetar mientras se mantenga vigente la medida judicial.
El juez consideró que las condiciones acordadas por la Fiscalía y la defensa resultaban adecuadas para reducir los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que resolvió conceder la libertad bajo esas pautas.
Deberá asistir a una entrevista para determinar el tratamiento
Otra de las condiciones consiste en asistir a una entrevista en un centro de atención de adicciones de Esperanza, con el objetivo de evaluar qué tipo de tratamiento necesita. Dado que la fiscal sostuvo en la audiencia que su «conducta desenfrenada de violencia», está asociada a su adicción.
A partir de esa evaluación se determinará si corresponde una internación o un tratamiento ambulatorio. También deberá acreditarse la información vinculada con la atención y la continuidad del tratamiento.
Durante la audiencia se hizo referencia a informes de un equipo interdisciplinario que intervino en relación con la situación del imputado, así como a testimonios incorporados a la investigación.
Las reglas de conducta tendrán una duración inicial de dos años, salvo que la causa se resuelva antes. La libertad concedida no significa que el expediente haya sido cerrado: Romero continuará sometido al proceso judicial y deberá cumplir todas las condiciones impuestas por el juez.
Fuente: Rafaela Noticias
