Un hombre de 36 años, identificado por sus iniciales R. D. O., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 14 años. La Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió entre fines de marzo y principios de abril de 2026, en un pequeño pueblo del departamento Castellanos, y que, como consecuencia, la joven quedó embarazada.
La investigación comenzó el 7 de octubre, luego de que personal de un hospital público realizara una denuncia al tomar conocimiento de la situación. Un día antes, una ecografía había detectado un embarazo de aproximadamente 28 semanas y media.
Según la acusación fiscal, el episodio habría ocurrido cuando la adolescente se encontraba en el patio delantero de su vivienda y se acercó a saludar al imputado, a quien conocía por ser vecino y amigo de la familia. El hombre habría tomado a la joven del brazo, la habría llevado por la fuerza hasta su casa y allí la habría sometido sexualmente.
La Fiscalía también sostuvo que, después del hecho, el acusado habría amenazado con matar tanto a la adolescente como a sus padres si contaba lo sucedido. De acuerdo con la investigación, las intimidaciones habrían continuado durante los meses posteriores mediante mensajes y redes sociales. Aunque la mejor aseguró haber borrado esos mensajes.
El 9 de octubre, la adolescente accedió a la interrupción legal del embarazo, conforme a su voluntad y en el marco de la atención médica recibida.
La postura de la defensa y la declaración del acusado
Durante la audiencia, la fiscal Brenda Baños solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre sus argumentos, señaló la pena en expectativa y la necesidad de preservar el testimonio de la adolescente, cuya declaración en Cámara Gesell todavía está pendiente.
La defensa, por su parte, pidió la libertad del imputado y propuso una serie de medidas alternativas. Entre ellas, fijar residencia en otra localidad, presentarse diariamente en una comisaría, acreditar periódicamente su actividad laboral, mantener la prohibición de contacto con la adolescente y su familia y no acercarse a los lugares que ella frecuenta.
El defensor también destacó que su representado tiene trabajo registrado desde hace más de 15 años, carece de antecedentes penales y colaboró con las medidas realizadas durante la investigación. Además, sostuvo que había accedido a entregar su teléfono celular y a someterse a una extracción de sangre.
Al declarar ante el juez, el acusado negó rotundamente los hechos que se le atribuyen y pidió recuperar la libertad. Manifestó que estaba a disposición de la Justicia.
La madre de la adolescente también intervino durante la audiencia. Expresó que su hija se encuentra emocionalmente muy afectada y tiene miedo. Además, contó que había notado un cambio de actitud en ella durante los últimos meses y manifestó su deseo de que la situación pueda resolverse.
Los fundamentos del juez para dejarlo preso
Al resolver, el juez Gustavo Bumaguin consideró que la evidencia reunida hasta el momento respaldaba la hipótesis de la Fiscalía, especialmente por la reiteración con la que la adolescente habría relatado lo sucedido ante distintos profesionales de la salud y su madre.
El magistrado también señaló que la negativa del imputado no estaba acompañada, en esta etapa, por elementos que modificaran la valoración provisoria de la acusación. Aclaró que el análisis correspondía al estado actual de la investigación.
En cuanto a los riesgos procesales, entendió que la pena en expectativa y las características del hecho investigado debían ser consideradas al evaluar la posibilidad de fuga. También hizo hincapié en las amenazas denunciadas y en la necesidad de evitar posibles condicionamientos sobre la adolescente antes de su declaración en Cámara Gesell.
Respecto de las alternativas propuestas por la defensa, Bumaguin consideró que fijar domicilio en otra localidad y realizar presentaciones periódicas ante la Policía no resultaba suficiente. Argumentó que la distancia no impediría eventuales contactos o intimidaciones a través de redes sociales.
El juez también indicó que todavía quedan medidas probatorias por producir, entre ellas la declaración de la adolescente y los estudios genéticos solicitados a partir de muestras biológicas obtenidas durante la atención médica. En ese sentido, explicó que la eventual negativa del imputado a colaborar con una extracción de sangre no impediría necesariamente la producción de una prueba genética por los mecanismos legales correspondientes.
Finalmente, dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley, al considerar que las medidas alternativas no alcanzaban para resguardar el proceso y evitar los riesgos señalados por la Fiscalía. La defensa dejó planteada la reserva de recurrir la resolución.
Fuente: Rafaela Noticias
