En medio del debate por las fumigaciones en Rafaela, organizaciones ambientalistas y vecinos presentaron este jueves 15 de octubre dos proyectos de ordenanza que buscan modificar el modelo de protección y producción en el periurbano de la ciudad. Las iniciativas proponen crear un anillo de amortiguamiento ambiental de 200 metros desde el límite urbano y establecer una transición progresiva hacia sistemas agroecológicos en los 800 metros siguientes, hasta alcanzar los 1.000 metros.
Las propuestas son complementarias y apuntan a establecer una política ambiental de largo plazo. Mientras el primer proyecto plantea crear un programa de protección territorial acompañado por un fondo de financiamiento específico, el segundo establece plazos y etapas para reducir y finalmente eliminar el uso de agroquímicos de síntesis química en la franja periurbana.
Un anillo ambiental de 200 metros y un fondo municipal
El primero de los proyectos propone crear el Programa Municipal Anillo de Amortiguamiento Ambiental y Reconversión Agroecológica de Rafaela, junto con un fondo destinado exclusivamente a financiar las acciones previstas.
La iniciativa contempla la forestación con especies nativas, la creación de corredores verdes y barreras vegetales, la recuperación de áreas degradadas y la conservación de humedales, bajos naturales y cursos de agua. También plantea promover huertas comunitarias, producción agroecológica de alimentos y espacios recreativos y educativos.
El área prioritaria de intervención sería una franja de hasta 200 metros contigua al límite urbano, aunque el proyecto permite incorporar sectores de mayor extensión que resulten estratégicos desde el punto de vista ambiental.
Además, propone incorporar al proceso de actualización del Código Urbano un Distrito de Reserva Ambiental y Productiva Periurbana, con criterios de uso del suelo compatibles con la conservación ambiental y la producción sostenible.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el financiamiento. El fondo se nutriría de distintas fuentes de recursos municipales y aportes externos. Entre los porcentajes propuestos figuran:
- El 1,5% de los recursos efectivamente recaudados por el Derecho de Registro, Inspección e Higiene (DReI).
- El 25% de los recursos netos de la Zona de Estacionamiento Controlado que estén legalmente disponibles para esa afectación.
- El 20% de lo recaudado por multas e infracciones de tránsito, una vez consideradas las afectaciones y obligaciones vigentes.
- El 50% de los recursos percibidos por multas y sanciones ambientales y de higiene urbana que puedan destinarse legalmente al fondo.
A esos ingresos se sumarían partidas del presupuesto municipal, aportes provinciales y nacionales, fondos de cooperación, convenios, donaciones y legados.
El dinero podría utilizarse para adquirir inmuebles, realizar forestaciones, recuperar ambientes naturales, financiar programas de reconversión agroecológica y adquirir equipamiento para el monitoreo y el control ambiental.
El proyecto también contempla un Consejo Asesor con participación del Estado, universidades, organismos científicos, productores, cooperativas y organizaciones ambientales. A su vez, establece mecanismos de seguimiento presupuestario y la publicación trimestral de información sobre los recursos ingresados, los gastos y los avances de cada intervención.
Seis años para avanzar hacia una producción sin agroquímicos de síntesis química
El segundo proyecto apunta a la franja comprendida entre los 200 y los 1.000 metros desde el límite urbano. Su objetivo es establecer un proceso gradual de transición hacia sistemas productivos que reduzcan y finalmente eliminen el uso de agroquímicos de síntesis química.
La propuesta divide ese espacio en tres sectores y fija un plazo de dos años para cada etapa.
En los primeros dos años, la transición abarcaría la franja de 200 a 500 metros. Durante ese período se realizarían relevamientos de los establecimientos, diagnósticos productivos y ambientales, planes individuales para cada productor y programas de capacitación y asistencia técnica. También se prevén incentivos económicos, fiscales y productivos.
En esa primera etapa podrían utilizarse determinados productos de síntesis química de banda verde, además de insumos biológicos y orgánicos autorizados. Una vez cumplidos los dos años, el proyecto establece que ya no podrán utilizarse insumos de síntesis química en ese sector.
La segunda etapa abarcaría el área de 500 a 700 metros, también durante dos años. Allí se profundizaría la reducción de esos insumos y se incorporarían prácticas como la diversificación productiva, el manejo agroecológico de los suelos y el uso de bioinsumos.
Al finalizar ese período, tampoco se permitiría utilizar insumos de síntesis química en esa franja.
Por último, la tercera etapa comprendería el sector de 700 a 1.000 metros. Durante otros dos años se consolidaría la transición y, al concluir, los establecimientos comprendidos en toda la franja de 200 a 1.000 metros deberían orientarse hacia prácticas agroecológicas y utilizar exclusivamente los insumos y preparados admitidos por la normativa vigente y compatibles con los objetivos ambientales del proyecto.
En conjunto, el esquema propone completar el proceso en seis años, con metas progresivas y evaluaciones para determinar los avances y las dificultades de cada etapa.
Asistencia a productores y cambios en el uso del suelo
La iniciativa no plantea necesariamente reemplazar los cultivos actuales por otros. En sus fundamentos, señala que pueden mantenerse producciones como soja, maíz, trigo, forrajes y ganadería, pero con una transición hacia prácticas agroecológicas y el reemplazo progresivo de insumos de síntesis química por alternativas orgánicas o biológicas.
Para ello, establece que cada establecimiento deberá contar con un Plan Individual de Transición Agroecológica, elaborado entre el productor y la autoridad de aplicación. Allí se definirían las características productivas, las prácticas que se incorporarán, las metas de reducción de agroquímicos, el cronograma y las herramientas de asistencia disponibles.
El Municipio podría otorgar exenciones o reducciones de tributos, financiamiento preferencial, subsidios para adquirir insumos y maquinaria, capacitación y asistencia técnica, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
También se propone que el Departamento Ejecutivo elabore un plan de expansión progresiva con la delimitación de las etapas, los mecanismos de monitoreo y las herramientas de financiamiento. Al finalizar cada período, debería presentar un informe sobre el cumplimiento de las metas, la evolución del uso de agroquímicos y los resultados ambientales.
Una discusión que vuelve al Concejo
Las propuestas se incorporan a una discusión que lleva varios años en Rafaela. En diciembre de 2021, el Concejo aprobó una ordenanza que redujo de 200 a 50 metros la distancia de exclusión para aplicaciones terrestres. En marzo de 2023, la Justicia declaró nulo el artículo que establecía esa reducción y dispuso mantener el límite anterior.
Durante 2026, el tema volvió a ocupar un lugar en la agenda legislativa, con exposiciones de especialistas y consultas sobre los fundamentos técnicos y ambientales necesarios para una nueva regulación.
En ese escenario, los dos proyectos presentados buscan ampliar el alcance de la discusión: no solo plantean medidas para el área más próxima a la ciudad, sino también un programa de reconversión productiva en una franja de hasta 1.000 metros, con financiamiento, asistencia a productores y mecanismos de control.
Las iniciativas deberán ser analizadas por el Concejo Municipal. Por el momento, se trata de proyectos presentados y no de normas aprobadas.
La presentación lleva las firmas de integrantes de Movimiento Evita, Amigos de la Vida, Rafaela Venenos–Agroecología, Centro de Protección a la Naturaleza, Red Ambiental CTA Santa Fe, Autoconvocados Rafaela y Agrupación Cadillo, además de Hernán Alessandria, quien también suscribió la presentación sin consignar una organización.
Fuente: Rafaela Noticias
