El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, declaró la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda S.A. La resolución le pone fin al concurso preventivo abierto tras el default de su empresa matriz, Vicentin SAIC, e inicia el proceso formal de liquidación de todos los activos de la firma textil.
La medida judicial se produjo al constatarse el fracaso definitivo del período de concurrencia o cramdown (artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras). Durante este lapso no se registraron propuestas de inversores o terceros para rescatar a la compañía, sumado al rechazo explícito del Banco de la Nación Argentina, acreedor mayoritario con acreencias financieras verificadas que superan los US$ 300 millones.
En los fundamentos del fallo, el magistrado describió la situación patrimonial de la empresa como un «escenario de insolvencia irreversible». La verificación de créditos consolidó un pasivo financiero superior a los US$ 260 millones, al que se suma un pasivo postconcursal acumulado de más de $ 6.000 millones generado por costos operativos, insumos y obligaciones fiscales no canceladas durante el proceso.
A raíz del fallo, se decretó el desapoderamiento inmediato de los bienes de la sociedad, la incautación de libros contables, sistemas y activos físicos, así como la inhabilitación absoluta de la persona jurídica y sus administradores del Grupo Vicentin, a quienes se les prohibió salir del país sin autorización judicial. La administración y representación legal de la masa concursal quedaron bajo el control exclusivo de la Sindicatura actuarial.
No obstante, con el objetivo de evitar la depreciación de las plantas y preservar el valor de mercado de las unidades productivas, la resolución judicial autorizó un esquema de continuidad transitoria de la actividad. Bajo este mecanismo, se mantendrán operativas la planta principal de hilandería y tejeduría en Reconquista (Santa Fe), las desmotadoras de algodón en Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco), y se evaluarán los inmuebles de la firma. La Sindicatura deberá presentar un plan de explotación transitoria que priorice el sostenimiento de los puestos de trabajo y la venta en bloque de los activos.
Para transparentar los pasos a seguir y coordinar las tareas con trabajadores, acreedores y proveedores, el juez Lorenzini convocó a una audiencia pública informativa para el próximo jueves 22 de octubre de 2026 en los tribunales de Reconquista, con transmisión virtual en directo.
Fuente: Rafaela Noticias
