El juez de Investigación Penal Preparatoria Dr. Javier Bottero negó la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al empresario rafaelino Eduardo Néstor T., quien desde fines de abril se encuentra cumpliendo con un régimen de prisión preventiva en un establecimiento penal santafesino, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la víctima menor de edad e hija adoptiva del victimario. La resolución del magistrado se conoció al cabo de una audiencia que se concretó en el edificio de Tribunales en la mañana de este miércoles, a la que RAFAELA NOTICIAS asistió como único medio.
Eduardo T. tiene 57 años, padece una malformación genética en uno de sus brazos, y el pasado 29 de septiembre sufrió un ACV isquémico por hipertensión. Su identidad completa se preserva por ser la víctima una adolescente que resulta su hija adoptiva. Está detenido desde fines de abril, por hechos que no admiten demasiadas controversias: en ninguna de las instancias de lo que va del proceso se puso en duda la autoría material de los ilícitos que se le imputan.
«Puede ser la última audiencia»
Los abogados defensores de Eduardo T., doctores Carlos Farías Demaldé y Germán Verna, plantearon la necesidad de que las patologías que sufre el imputado sean atendidas fuera del ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, que no garantizaría las condiciones básicas. Básicamente, plantaron que su representado padece diabetes, hipertensión y una insuficiencia coronaria aguda, por lo que deberá ser sometido a una angioplastia para colocación de un stent.
Farías Demaldé, al ilustrar sobre la gravedad de las patologías de T., aseguró que «ésta podría ser la última audiencia del imputado con vida», dado que su enfermedad coronaria implica una alto riesgo de muerte súbita.
El propio T. , al hacer uso de la palabra, dijo que el ACV lo sufrió a las 5.10 de la tarde y recién dos horas después fue trasladado al hospital Cullen desde el penal de Las Flores. «Me salvó la vida el muchacho que comparte mi celda, porque avisó a los guardias. No me trasladaron en ambulancia, me llevaron en lo que pudieron, en una chata común. Me llevaron esposado del único brazo que puedo mover, que por el ACV también lo tenía inmovilizado», declaró T., quien también insistió en una postura que ya hizo escuchar en otras audiencias: «no estoy pidiendo que me dejen libre ni que me declaren inocente, sino que me permitan seguir cumpliendo con la prisión en mi domicilio».
El cuarto intento
Por su parte, la fiscal Brenda Baños contrarrestó todo lo manifestado por los defensores. «T. lleva preso 172 días y ya tuvo 4 pedidos similares a éste. Es decir, que tenemos una audiencia cada mes y medio para tratar el mismo tema». Luego de recordar que antes de ser detenido el imputado estuvo varios días prófugo, Baños consideró que el nuevo pedido de prisión domiciliaria «es otro intento por mejorar la situación procesal de una persona que se mantuvo siempre al margen del sistema, haciendo uso de sus privilegios. No recuerdo casos donde cada mes y medio estemos discutiendo lo mismo: la Constitución es clara respecto a que todos somos iguales ante la ley».
Baños recordó que hay muchos internos del Servicio Penitenciario que son diabéticos, que tienen problemas coronarios, que se desplazan en sillas de ruedas o que incluso le faltan piernas o brazos, pero no por ello están en sus domicilios, sino que permanecen en los penales bajo las condiciones de atención que cada caso particular requiere.
De la audiencia también participó la abogada penalista Cristina Fortunato, representante de las victimas -constituidas como parte querellante- quien manifestó que el mandato recibido de sus representadas era no poner objeciones a la prisión domiciliaria.
Los fundamentos del juez
Finalmente, el juez Bottero dispuso no hacer lugar al pedido de la defensa. En tal sentido, reiteró otros argumentos ya conocidos en audiencias anteriores: «desde el momento de la primera audiencia de medidas cautelares que vengo escuchando lo mismo sobre la discapacidad del imputado, sobre sus problemas de salud y no hay elementos nuevos para considerar».
En tal sentido, y sobre el episodio del ACV sufrido por T. a fines de setiembre, Bottero consideró que «fue atendido debidamente, y el Servicio Penitenciario lo trasladó al Hospital, donde se lo atendió. El informe médico dice que muestra secuelas de un infarto de miocardio y necesidad de colocación de stent, pero el infarto no fue provocado por la situación de encierro y es preexistente a su detención. Corre riesgo de muerte súbita si no se opera, pero ya hemos dicho que el imputado cuenta con todas las autorizaciones necesarias para hacerse los tratamientos que correspondan, e incluso puede contar con sus psicólogos y psiquiatras particulares si así lo requiere».
Bottero hizo hincapié en una cuestión que nunca soslaya cuando debe determinar una prisión preventiva: si el imputado tiene o no los medios para profugarse. «El señor T. sí tiene los medios: pasaporte de otra nacionalidad y recursos económicos, con más de 40 propiedades a su nombre. Ya estuvo profugado, así que el riesgo es real» remarcó.
Fuente: Rafaela Noticias
