Durante los alegatos del juicio por las presuntas estafas del grupo Spaggiari, el fiscal Guillermo Loyola utilizó la imagen de una “rueda” para explicar ante el tribunal cómo, según la acusación, funcionó durante años el mecanismo de captación de ahorros. La Fiscalía sostuvo que el dinero de los nuevos ahorristas permitía afrontar los intereses prometidos a quienes habían ingresado anteriormente.
Para Loyola, no se trató simplemente de un negocio que salió mal. El fiscal sostuvo que detrás de los convenios que firmaban los ahorristas existía un esquema Ponzi, en el que el sistema necesitaba incorporar permanentemente nuevos aportantes para poder mantenerse.
La acusación situó el funcionamiento de la operatoria entre 2019 y 2022. Según explicó Loyola, cientos de personas de Rafaela y localidades de la región entregaron pesos, dólares y euros en una oficina céntrica, atraídas por la promesa de obtener importantes rendimientos.
Los ahorristas se retiraban con convenios firmados que, de acuerdo con la Fiscalía, podían contemplar intereses de hasta 3% mensual en dólares, equivalentes a un rendimiento anual del 36%.
“Esto no fue un negocio que salió mal: esto fue una rueda”
Loyola planteó que la estructura se sostenía a partir de la incorporación permanente de nuevos ahorristas. “El dinero de las víctimas iba a un fondo de inversión en negro, entraba en una caja común que servía para pagar los intereses entre los que habían entrado antes”, explicó durante su alegato.
El mecanismo generaba además un efecto de confianza. Quienes recibían sus intereses podían recomendar la operatoria a familiares, amigos o conocidos y así llegaban nuevos inversores.
Para el fiscal, esa dinámica tenía un límite inevitable: la rueda necesitaba seguir incorporando personas para poder continuar girando. “Solo sobrevive si cada semana alguien nuevo va entrando a esta rueda”, sostuvo. Cuando dejaron de ingresar nuevos ahorristas, afirmó, la estructura comenzó a colapsar.
La Fiscalía ubicó el corte de los pagos entre octubre y noviembre de 2022. Sin embargo, uno de los puntos que destacó Loyola fue que, aun cuando los pagos ya comenzaban a interrumpirse, se habrían continuado firmando convenios y recibiendo dinero.
Según los números expuestos en el alegato, se contabilizaron alrededor de mil convenios, mientras que la acusación comprendió 558 hechos de estafa, con un perjuicio estimado en más de 8 millones de dólares, 235 millones de pesos y 11.500 euros.
Empresas, oficinas y una estructura para generar confianza
Para Loyola, la rueda no podía funcionar únicamente con la promesa de intereses. Necesitaba una estructura que transmitiera seguridad a quienes entregaban sus ahorros. En ese sentido, señaló la utilización de empresas, oficinas, publicidad, folletos, páginas web, emprendimientos y obras que eran mostradas a los potenciales inversores.
La Fiscalía sostuvo que todo ese contexto contribuía a generar la apariencia de que el dinero era destinado a actividades genuinas, como desarrollos inmobiliarios, una fábrica de ladrillos o emprendimientos vinculados con aberturas y automóviles. También mencionó el peso del apellido y el boca a boca como elementos que contribuían a fortalecer la confianza.
Loyola vinculó esa operatoria con las advertencias que realiza la Comisión Nacional de Valores sobre las características de los esquemas fraudulentos. Entre ellas mencionó la promesa de ganancias extraordinarias, la presentación de una inversión como de bajo riesgo y la existencia de una oportunidad que, en realidad, no era genuina. Según la acusación, los convenios que firmaban los ahorristas tampoco reflejaban la verdadera naturaleza económica de la operación.
Los roles dentro de la “rueda”
Otro de los puntos centrales del alegato fiscal fue la distribución de funciones. Loyola sostuvo que Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari eran los jefes y organizadores de la estructura. Según la acusación, eran los únicos socios y administradores de las empresas utilizadas y quienes decidían cómo se pactaban y firmaban los convenios.
La Fiscalía ubicó a Mirta Ofelia Condotto, madre de los hermanos Spaggiari, en tareas vinculadas con la recepción, conteo, guarda y registro informal del dinero.
En tanto, Carolina Rocío Schaberger, sobrina de los Spaggiari y nieta de Condotto, según el planteo fiscal, cumplía funciones vinculadas con los turnos, la entrega de intereses, la recepción de dinero y la captación de nuevos clientes. Loyola remarcó que cada integrante podía desarrollar distintas tareas y que la estructura no dependía de una sola función.
La Fiscalía pidió al tribunal que los hermanos Spaggiari fueran considerados responsables como jefes de la asociación ilícita y coautores de las estafas, mientras que ubicó a Condotto y Schaberger como integrantes o partícipes necesarios en los hechos en los que, según la acusación, intervinieron.
La diferencia entre una deuda y una estafa
Uno de los ejes jurídicos del alegato fue la respuesta anticipada a la defensa que, según Loyola, plantearía que se trató de un problema civil o de préstamos que finalmente no pudieron ser devueltos.
El fiscal marcó una diferencia: una persona puede pedir dinero, desarrollar un negocio y luego quedar imposibilitada de devolverlo. Pero, según su hipótesis, otra situación ocurre cuando el engaño existe desde antes de que la víctima entregue el dinero.
“Cada convenio nuevo era una estafa nueva”, sostuvo Loyola.
Fiscal Loyola
Fuente: Rafaela Noticias
