La discusión por la nueva ordenanza que regulará a las comisiones vecinales de Rafaela suma ahora una propuesta concreta desde el barrio 9 de Julio: que las entidades vecinales cuenten con un esquema de financiamiento propio y permanente, vinculado a los recursos que genera la Tasa General de Inmuebles (TGI).
La iniciativa fue presentada por la Comisión Vecinal del barrio 9 de Julio ante el Concejo Municipal y busca ser incorporada al expediente que actualmente se encuentra en tratamiento. El documento fue elevado mientras continúan las reuniones entre concejales y representantes de los barrios para definir una nueva normativa que reemplace el régimen vigente.
El debate comenzó a tomar forma durante este año. El proyecto impulsado por la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, plantea una actualización integral del funcionamiento de las comisiones vecinales, con cambios en la integración de las comisiones, los mandatos, la representación de las minorías, los requisitos para ser candidato, la rendición de cuentas y el sistema electoral. También contempla una Junta Electoral Única y la creación de un Área Municipal de Asuntos Vecinales.
En ese proceso, la Federación de Entidades Vecinales también viene planteando modificaciones. Entre sus principales reclamos aparece la necesidad de garantizar recursos para las sedes y evitar que el financiamiento quede sujeto a decisiones discrecionales. En julio, la Federación propuso un fondo fijo para todas las vecinales determinado por la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), incluyendo también a los barrios que actualmente no cuentan con sede propia.
La propuesta del 9 de Julio: autarquía y recursos propios
El documento presentado por la Vecinal 9 de Julio va un paso más allá en materia de financiamiento. Propone que las entidades vecinales sean reconocidas como personas jurídicas de derecho público municipal, no estatales (sí públicas), autárquicas y descentralizadas.
En ese esquema, la autarquía no quedaría solamente como una definición institucional. El planteo sostiene que debería estar acompañada por un patrimonio propio y por recursos asegurados por ordenanza, entre ellos una partida vinculada a la Tasa General de Inmuebles que se recauda dentro de la jurisdicción de cada barrio.
Según la propuesta, ese porcentaje debería constituir un Fondo de Autarquía Vecinal, incorporado al presupuesto municipal como una partida específica y no como un subsidio que pueda otorgarse o retirarse discrecionalmente.
El documento también contempla que las vecinales puedan generar recursos propios mediante actividades, alquiler de salones y otras iniciativas (como viene ocurriendo), además de contar con capacidad para celebrar convenios y administrar sus bienes.
La idea de fondo es modificar la relación actual entre el Municipio y las entidades barriales: en lugar de que las vecinales dependan del Ejecutivo para obtener recursos, pasarían a tener un esquema de financiamiento previsto por la propia normativa.
En materia económica existe, de todos modos, un punto de coincidencia entre la propuesta de la Federación y de la Comisión Vecinal del barrio 9 de Julio: la necesidad de que las vecinales tengan recursos previsibles para funcionar.
La Federación viene reclamando que el financiamiento tenga una base estable y que no quede limitado a las entidades que cuentan actualmente con una sede. En una de las últimas reuniones con concejales, su presidenta, Marisa Botto, planteó un fondo fijo determinado por la UCM para todas las vecinales.
El planteo del 9 de Julio coincide con esa preocupación, pero propone otro mecanismo: en lugar de establecer un monto fijo, busca crear un fondo de autarquía con recursos vinculados directamente a la recaudación de la TGI y convertirlo en una partida presupuestaria permanente.
Mandatos, vínculos familiares y Junta Electoral
En otros temas, la Comisión Vecinal del barrio 9 de Julio planteó diferencias con algunos puntos de la propuesta de la Federación de Entidades Vecinales. En cuanto a la duración de los mandatos, no acompaña la posibilidad de una reelección indefinida y propone mandatos de cuatro años, con una sola reelección y un año posterior como consejeros formadores. Respecto de los vínculos familiares, plantea que el presidente y el tesorero no puedan ser familiares entre sí, aunque sí admite esa posibilidad entre quienes ocupen los demás cargos, a diferencia del proyecto de la concejal Fossati, que propone prohibir cualquier vínculo familiar dentro de la comisión. La Vecinal 9 de Julio sí coincide con Fossati en la creación de una única Junta Electoral para todos los barrios, aunque propone que esté integrada por cuatro vocales de la Federación de Entidades Vecinales.
Fuente: Rafaela Noticias
