Un grave caso de violencia digital ocurrido en una institución educativa de San Justo generó preocupación por el impacto que puede tener el uso de inteligencia artificial para generar y difundir imágenes falsas de menores. El episodio involucra a varias adolescentes de entre 15 y 16 años, quienes, según explicó el abogado Martín Durando, representante de las familias, atraviesan una situación de angustia y acoso luego de la viralización del material.
Durando contó que tomó contacto con las familias a partir del pedido de madres de las adolescentes afectadas y describió el impacto emocional que produjo la circulación de las imágenes. Algunas de las chicas dejaron de asistir a la institución educativa debido a la situación generada, mientras se desarrolla un abordaje que involucra a las familias y a la comunidad escolar.
El abogado señaló que existe un sospechoso que habría pedido disculpas, aunque no se descarta la participación de otras personas. En ese sentido, remarcó que el problema no se limita a quien crea el contenido, sino que también alcanza a quienes reciben este tipo de imágenes y deciden reenviarlas o continuar con su difusión.
Un vacío legal frente a una problemática que avanza
Consultado sobre las herramientas jurídicas disponibles, Durando fue contundente: “Aún no” existe una respuesta legal completamente adecuada para este tipo de situaciones. Según explicó, persisten vacíos legales incluso frente a la divulgación no consentida de imágenes o videos íntimos.
El abogado aclaró que para que una conducta pueda ser considerada un delito penal debe existir previamente una norma que la tipifique. En este sentido, mencionó los distintos proyectos que buscan avanzar sobre la violencia digital, entre ellos la denominada Ley Olimpia, aunque sostuvo que todavía no existe una penalización específica que contemple todas estas conductas.
En el caso de los presuntos responsables, que serían menores de edad, Durando explicó que también debe analizarse la edad y el régimen jurídico aplicable. Además, señaló que Santa Fe cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil que permite disponer medidas socioeducativas cuando corresponde.
La responsabilidad de los adultos frente a la inteligencia artificial
Durante la entrevista también se puso el foco en una situación cada vez más habitual: el uso de herramientas de inteligencia artificial como un juego. Durando consideró fundamental que los adultos comprendan los riesgos y acompañen a los menores en el uso de la tecnología.
“Lo que tenemos que tomar dimensión somos los adultos”, sostuvo el abogado, quien destacó la importancia del control y la responsabilidad parental. En esa línea, remarcó que los chicos pueden no tener las herramientas suficientes para dimensionar las consecuencias de recibir una imagen y volver a compartirla.
El especialista insistió en que lo que comienza como una broma o un juego puede dejar de serlo rápidamente cuando se involucra la intimidad y la exposición de otra persona. Por eso, consideró necesario trabajar desde las familias para que los menores comprendan el impacto que puede tener la difusión de este tipo de contenidos.
Qué dijo el ministro de Educación sobre el caso San Justo
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, también fue consultado por la situación durante una entrevista con Hoy por Hoy, por Mitre Santa Fe. El funcionario confirmó que desde la cartera educativa se está acompañando a las adolescentes afectadas y a sus familias.
Goity sostuvo que este tipo de situaciones vinculadas con el uso indebido de la tecnología “afectan como sociedad” y que la escuela, por su rol como espacio de socialización, no puede permanecer ajena a la problemática.
El ministro recordó además que la provincia puso en marcha hace un año un programa de educación digital destinado a promover entre los estudiantes un uso apropiado, responsable, crítico y ético de los dispositivos y las nuevas tecnologías.
“Vamos a acompañar a estas chicas y vamos a tomar el tema con la seriedad que corresponde”, afirmó Goity, quien destacó que la problemática ya venía siendo abordada antes de este episodio mediante capacitaciones para docentes y equipos directivos.
Para el ministro, la existencia de políticas específicas no evita que puedan producirse hechos de esta naturaleza, pero permite que las instituciones educativas cuenten con herramientas para intervenir, contener a las víctimas y trabajar sobre el uso responsable de las tecnologías.
Fuente: Rafaela Noticias
