Desde el sábado comenzó a regir el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años. La implementación de la nueva normativa abrió distintos interrogantes, especialmente en las provincias, que deberán adecuar sus estructuras para atender a los menores en conflicto con la ley penal.
En diálogo con RAFAELA NOTICIAS, el abogado Federico Scarinci explicó los principales cambios y puso el foco en uno de los aspectos que considera centrales para Santa Fe: la necesidad de contar con espacios adecuados para alojar a los adolescentes y evitar cualquier contacto con personas adultas privadas de su libertad.
Según explicó, hasta ahora el sistema establecía la punibilidad a partir de los 16 años, bajo una legislación que databa de la década del 80. La nueva normativa modificó ese esquema y estableció la responsabilidad penal desde los 14 años.
Sin embargo, Scarinci remarcó que esto no significa aplicar a los adolescentes el mismo sistema que a los adultos. Por el contrario, la nueva legislación plantea un abordaje diferenciado, con un fuerte componente educativo, socializador y de reinserción.
La prisión como última alternativa
Uno de los puntos que buscó aclarar el abogado es que la entrada en vigencia del nuevo régimen no implica que todos los adolescentes acusados de un delito vayan automáticamente a prisión.
La normativa establece diferentes respuestas de acuerdo con la gravedad del hecho. Para los delitos considerados leves, con penas de hasta tres años, se priorizan medidas alternativas a la privación de la libertad.
Entre ellas aparecen las amonestaciones, restricciones de circulación, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones vinculadas a la conducción de vehículos, prisión domiciliaria y otras medidas de seguimiento y control.
En los delitos con penas de entre tres y diez años también pueden aplicarse alternativas, aunque con mayores exigencias de fundamentación por parte del juez. Para los hechos más graves, la privación de la libertad adquiere mayor relevancia.
La ley, además, prohíbe la prisión o reclusión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años de pena.
Para Scarinci, el objetivo central es que el adolescente pueda asumir la responsabilidad por sus actos y, al mismo tiempo, tenga herramientas para su reinserción social.
Jueces especializados y protección de la identidad
Otro de los aspectos que contempla el nuevo régimen es la intervención de jueces especializados en materia penal juvenil.
En Santa Fe ya existen los cargos de jueces penales juveniles, que son quienes deben intervenir cuando una persona menor de edad queda involucrada en un proceso penal.
También existe una protección especial respecto de la identidad del adolescente. Los datos filiatorios de los menores involucrados en causas penales tienen carácter reservado para el público en general y existen sanciones ante la difusión de esa información.
El objetivo es preservar al adolescente durante el proceso y evitar una exposición que pueda afectar su desarrollo y posterior reinserción.
Uno de los principales interrogantes que plantea la implementación del nuevo régimen en Santa Fe está relacionado con los lugares donde serán alojados los adolescentes privados de su libertad.
Scarinci explicó que existen institutos especializados en Santa Fe y Rosario, pero advirtió que el punto central es garantizar que los menores no tengan contacto con adultos privados de su libertad.
En ese sentido, señaló que actualmente la situación en la cárcel de Las Flores presenta una particularidad, ya que el sector destinado a menores funciona como un apéndice dentro del mismo establecimiento penitenciario.
Aunque los adolescentes no compartan físicamente los pabellones con los adultos, el abogado consideró que la convivencia dentro de una misma estructura penitenciaria no se ajustaría de manera óptima al espíritu de la nueva normativa.
La ley también establece requisitos de especialización y capacitación para las personas que estén a cargo de estos establecimientos.
¿Está preparada Santa Fe?
La pregunta sobre si la provincia cuenta actualmente con los recursos suficientes para aplicar el nuevo régimen es uno de los principales desafíos.
Scarinci consideró que los recursos son limitados en distintos ámbitos y que, en este caso, será fundamental capacitar al personal que tendrá contacto con los adolescentes.
También deberán contemplarse los recursos edilicios, profesionales y judiciales necesarios para atender el incremento de casos que podría producirse a partir de la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal juvenil.
La nueva normativa contempla además figuras destinadas a realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas impuestas, lo que requiere personal especializado y una estructura que permita controlar efectivamente cada situación.
Uno de los aspectos sobre los que Scarinci puso especial énfasis fue la necesidad de informar a los jóvenes sobre el nuevo escenario.
Según explicó, el cambio no debería abordarse únicamente cuando un adolescente ya cometió un delito, sino también desde la prevención y la educación.
En ese sentido, consideró fundamental trabajar en las escuelas para explicar que determinadas conductas que anteriormente podían no tener consecuencias penales para un menor ahora pueden derivar en una investigación y una sanción.
El abogado mencionó como ejemplos situaciones vinculadas con peleas, amenazas, utilización de redes sociales y difusión de determinadas imágenes o contenidos.
También advirtió que no debe pensarse únicamente en adolescentes que participan de hechos graves o que tienen una relación permanente con el delito. Una persona de 14 años puede quedar involucrada en un hecho aislado y, a partir de ahora, enfrentar consecuencias dentro del sistema penal juvenil.
Por eso, planteó que la educación y la información deben convertirse en herramientas centrales para que los jóvenes conozcan cuáles son las consecuencias de sus actos.
Qué pasa con los hechos anteriores
Otro de los interrogantes planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Al respecto, Scarinci explicó que la aplicación de una nueva ley a hechos anteriores debe analizarse en cada caso y que, como principio general, una nueva normativa no puede utilizarse para perjudicar retroactivamente a una persona.
Por ese motivo, los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema no quedan automáticamente alcanzados por las nuevas disposiciones.
El nuevo régimen también podría significar un incremento en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema penal, particularmente por la incorporación de quienes tienen entre 14 y 15 años.
Eso tendrá impacto no solamente en los lugares de alojamiento, sino también en las defensorías, fiscalías, juzgados y demás organismos que intervienen en los procesos.
Scarinci puso como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde la implementación encontró dificultades vinculadas con la disponibilidad de espacios para alojar a los adolescentes.
Para el abogado, la discusión sobre infraestructura y recursos debería haber acompañado desde el comienzo el debate sobre la modificación de la edad de responsabilidad penal.
“La norma ya está en vigencia”, resumió, y ahora el desafío será determinar cómo se ejecutará en la práctica.
Fuente: Rafaela Noticias
