Se los vuelve a ver recorriendo las calles de Rafaela. Llegan generalmente en camionetas, anuncian mediante altoparlantes la compra de baterías viejas, calefones, motores, cables y otros elementos que contienen metales y recorren distintos sectores de la ciudad en busca de personas que quieran venderlos.
La actividad vuelve a estar en el centro de la preocupación de las autoridades ante el incremento de los hechos vinculados al robo de cables, medidores, caños y otros elementos cuyo destino final puede ser la comercialización de cobre, bronce y otros metales.
Sin embargo, existe una particularidad que abre un interrogante: en Rafaela no hay actualmente una ordenanza específica que prohíba o regule la compra ambulante de metales.
Así lo reconocieron ante RAFAELA NOTICIAS fuentes municipales consultadas. Según explicaron, cuando estos vehículos son detectados recorriendo la ciudad, se controla la documentación correspondiente y, generalmente, se encuentra en regla. Luego se les comunica que la actividad no está permitida en Rafaela y se los acompaña con un móvil hasta las afueras de la ciudad. Pero ante una pregunta concreta, las propias autoridades admitieron que no existe una normativa (ni ordenanza ni decreto) específica que permita aplicar una multa por el solo hecho de realizar esa actividad o bien obligarlos a irse, todo depende de la buena voluntad del comprador.
“Es una decisión política que no estén en la ciudad haciendo esa actividad”, explicaron funcionarios, al señalar que el principal argumento para desalentar su presencia es que este tipo de compradores podría generar un canal para que quienes roban cables u otros elementos encuentren rápidamente un lugar donde venderlos.
Una actividad que quedó en un vacío legal
El problema aparece cuando se intenta determinar bajo qué normativa concreta se puede impedir que una persona recorra la ciudad comprando metales.
Desde el Municipio explican que no encuadran esta actividad como venta ambulante, porque quienes recorren las calles no están vendiendo productos sino comprando materiales. Y allí aparece el vacío normativo: si no existe una ordenanza que regule específicamente a los compradores ambulantes de metales, tampoco habría una infracción municipal concreta que permita sancionarlos por esa actividad.
De hecho, desde el propio Municipio consideran que sería necesario que el Concejo Municipal avance en una regulación específica.
La situación genera una particularidad: los inspectores pueden controlar la documentación del vehículo y actuar ante otras infracciones que sí estén contempladas por la normativa vial, pero no aplicar una multa simplemente porque una persona está recorriendo Rafaela comprando metales.
Por eso, en la práctica, la estrategia utilizada hasta ahora es otra: comunicarles que la actividad no está permitida y solicitarles que abandonen la ciudad. Según explicaron desde el área municipal, hasta el momento no se registraron situaciones de resistencia frente a esos controles.
El antecedente de una chacarita que ya había sido inspeccionada
La discusión adquiere mayor relevancia a partir de un procedimiento realizado durante la madrugada del sábado 5 de septiembre.
En ese operativo, personal policial intervino luego de una alerta de la Central de Monitoreo Urbano sobre un automóvil en el que se habían cargado bolsas con distintos materiales desde un domicilio que, de acuerdo con el informe policial, funcionaba como una “chacarita” dedicada a la compra de este tipo de elementos.
Tras una persecución, fueron aprehendidos dos hombres, padre e hijo, y se secuestraron grandes cantidades de materiales: aproximadamente 50 metros de cable subterráneo, 1.500 metros de cable flexible de cobre, 800 metros de cable unipolar, 100 metros de cable doble envainado, 10 kilos de cobre, caños y recortes de cobre, recortes de cañerías de bronce, discos de amoladora y una balanza portátil, entre otros elementos.
La causa fue caratulada provisoriamente como “encubrimiento”.
Lo llamativo es que, según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, ese mismo lugar ya había sido objeto de numerosas intervenciones municipales. Se realizaron varias inspecciones y comprobaron que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente. Incluso había sido clausurado, pero posteriormente se rompió la faja de clausura, situación que derivó en una denuncia penal.
La intervención municipal continuó posteriormente por otra vía. A partir de una indicación judicial se labró un acta de emplazamiento en el marco de la Ordenanza Nº 3.508, vinculada a higiene urbana, otorgando un plazo para retirar y limpiar los materiales acumulados. El objetivo era avanzar luego con las actuaciones necesarias para solicitar un allanamiento.
Finalmente, antes de que ese proceso administrativo avanzara, la investigación policial terminó derivando en el procedimiento de septiembre, donde se encontraron los materiales mencionados.
Las chacaritas sí tienen regulación: ¿está actualizada?
En el caso de las chacaritas, las mismas sí aparecen contempladas en una ordenanza (Nº 3.471 y sus modificaciones posteriores mediante la ordenanza Nº 3.890) que habilita la instalación de estos lugares, pero solamente en la zona rural. Prohibiendo además se ubiquen con el frente hacia Bv. Roca y hacia las rutas 70 y 34. Algo que si no se cumple podría ser motivo de clausura por parte del Municipio. La zona que esta normativa habilita (aparece rayada en el plano) para la instalación de chacaritas es de la ruta 34 hacia el oeste; pero al ser la ordenanza del 2006 ( tiene casi 20 años), hay un sector que en la actualidad ya no es rural, sino totalmente urbano y residencial. Por lo que seguramente en algún momento habrá que actualizar la normativa correspondiente.
Fuente: Rafaela Noticias
