Lácteos Verónica acordó la transferencia de sus establecimientos industriales de Clason y Suardi por un total de 15,5 millones de dólares. La operación contempla la venta de la planta de Clason a Lacterra S.A.S. y la de Suardi a Copalac S.A.S.
Los contratos fueron firmados el 2 de julio, pero su ejecución quedó condicionada a la autorización de la Justicia, debido a que la empresa se presentó posteriormente en concurso preventivo de acreedores, con un pasivo informado de $118.496 millones.
La compañía, controlada por la familia Espiñeira, atraviesa una crisis que se profundizó durante el último año. Según la información incorporada al expediente concursal, acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones y registra una deuda bancaria cercana a los $4.745 millones, con el Banco Galicia como principal acreedor.
A esto se suma el reclamo de alrededor de 150 productores tamberos, quienes denuncian una deuda cercana a los 60 millones de dólares por leche cruda entregada y no abonada.
Al 30 de junio, la empresa registraba además un patrimonio neto negativo de $9.262 millones. Según la compañía, el deterioro está relacionado con la caída del consumo, el encarecimiento del crédito y la falta de capital de trabajo. En tanto, el Gobierno nacional rechazó el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por Lácteos Verónica.
Las empresas compradoras fueron creadas semanas antes
La operación generó cuestionamientos entre trabajadores y distintos sectores vinculados a la empresa debido a que las sociedades que adquirirían las plantas fueron constituidas pocos días antes de la firma de los contratos.
Lacterra S.A.S. fue creada el 19 de junio, mientras que Copalac S.A.S. se constituyó el 11 de junio.
Los acuerdos están vinculados además a contratos de producción a fasón. Bajo esta modalidad, las empresas compradoras aportan la materia prima y conservan la propiedad de los productos elaborados, mientras Lácteos Verónica recibe un canon por el procesamiento.
En el caso de Suardi, la planta ya comenzó a trabajar bajo este esquema en un período de prueba que lleva aproximadamente quince días. Actualmente lo hace con entre 12 y 18 trabajadores, frente a los 85 que tenía anteriormente.
Desde ATILRA señalaron que el acuerdo representa una “salida coyuntural y provisoria” y mantienen el reclamo por los salarios adeudados a los trabajadores.
Más de 300 trabajadores continúan afectados
La situación laboral es uno de los principales puntos de conflicto. Los trabajadores de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi denuncian que no perciben sus salarios desde diciembre de 2025 y que también se encuentra pendiente el pago del aguinaldo.
Además, aseguran haber perdido la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios.
La cantidad de empleados de la empresa también se redujo considerablemente. De una plantilla de alrededor de 700 trabajadores, actualmente quedan poco más de 300, distribuidos entre las distintas plantas: 140 en Clason, 85 en Suardi y 112 en Lehmann.
La falta de respuestas derivó en distintas medidas de protesta, entre ellas manifestaciones, acampes y quema de neumáticos frente a los establecimientos.
En junio, un delegado de la planta de Lehmann resumió la situación al señalar: “Estamos cada vez peor: hace seis meses que no cobramos, la empresa sigue inactiva y los dueños totalmente ausentes”.
Mientras la venta de las plantas espera la definición judicial, los trabajadores mantienen la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos laborales. En paralelo, también fueron planteados cuestionamientos sobre el manejo de los activos de la empresa y presuntas maniobras de vaciamiento, una acusación que fue expresada públicamente por trabajadores y dirigentes, entre ellos la diputada Julia Strada.
Fuente: Rafaela Noticias
