Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a aplicarse en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que modifica las reglas para los adolescentes que cometan delitos. Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad: a partir de ahora, los mayores de 14 años podrán ser sometidos a un proceso penal por delitos contemplados en el Código Penal.
La reforma reemplaza el esquema que se encontraba vigente desde 1980, cuando los menores de 16 años eran considerados inimputables. Sin embargo, los adolescentes no quedarán sometidos al mismo régimen que los adultos, sino que contarán con un sistema penal especial, que contempla medidas y sanciones adaptadas a su edad y orientadas también a su educación, resocialización e integración social.
Penas y medidas alternativas
La nueva normativa establece que los adolescentes no podrán recibir penas de prisión o reclusión perpetua. El máximo para las penas privativas de la libertad será de 15 años y se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena y siempre que se reúnan los requisitos correspondientes.
La aplicación de una pena de prisión tampoco será automática ante cualquier delito. El régimen incorpora distintas medidas alternativas, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño ocasionado a la víctima, reglas de conducta y participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias.
También se incorpora la amonestación, que consiste en un llamado de atención formal que puede estar acompañado por otras medidas previstas en la legislación.
En determinados casos se podrá utilizar además el monitoreo electrónico, destinado a controlar el cumplimiento de las medidas impuestas al adolescente.
Cómo será el alojamiento de los menores
Cuando se determine una privación de la libertad, los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos especialmente preparados para ellos y contar con personal especializado.
La normativa establece que no podrán compartir espacios de encierro con personas mayores de edad. Entre las alternativas de alojamiento aparecen los institutos abiertos, establecimientos especializados de detención y, en determinadas situaciones, el arresto domiciliario.
Además, continuará vigente la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en procesos penales. No podrán difundirse datos, imágenes, nombres, apodos, domicilios o información familiar que permita identificarlos.
Mayor participación de las víctimas
Otro de los cambios está relacionado con el lugar de las víctimas dentro del proceso. El nuevo régimen les reconoce la posibilidad de participar en el trámite judicial y recibir información sobre el avance de la causa.
A su vez, establece la responsabilidad civil de los padres de los niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos que se les atribuyan.
El desafío de poner en funcionamiento el nuevo sistema
La entrada en vigencia del régimen también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para afrontar el posible incremento de causas. En distintos juzgados especializados existen dudas respecto de si habrá suficientes recursos humanos, infraestructura y dispositivos para aplicar las nuevas disposiciones en todo el territorio nacional.
Entre las cuestiones que deberán resolverse aparecen la disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico, la incorporación de supervisores especializados y la coordinación entre la nueva legislación nacional y los sistemas procesales de cada provincia y el Código Procesal Penal de la Nación.
Para la implementación del nuevo régimen, el Congreso estableció una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
Mientras algunas provincias ya comenzaron a trabajar en protocolos y mecanismos para adaptar sus sistemas, a nivel nacional continúan las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para establecer criterios comunes de aplicación.
Fuente: Rafaela Noticias
