Este miércoles al mediodía se llevará a cabo una audiencia imputativa para 23 personas, en el marco de una investigación que apunta a una organización criminal que habría operado en Rafaela durante al menos un año y medio, vinculada principalmente al microtráfico de estupefacientes, la violencia armada, amenazas, intimidaciones, privaciones de la libertad y otros delitos contra la propiedad y las personas.
La audiencia está relacionada con los procedimientos realizados el pasado viernes 21 de agosto, que terminaron con seis personas detenidas, aunque el proceso alcanza también a otros investigados que ya se encontraban privados de su libertad por distintas causas.
Fuentes consultadas por RAFAELA NOTICIAS indicaron que la investigación plantea la existencia de una estructura organizada, con distintos niveles de responsabilidad y personas encargadas de tareas específicas. La hipótesis sostiene que el grupo habría funcionado, al menos, desde marzo de 2025 hasta los allanamientos realizados el viernes pasado.
Una estructura con diferentes funciones
Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS a través de fuentes vinculadas a la investigación, la organización habría tenido una estructura jerárquica, con una persona ubicada en la conducción y otras encargadas de coordinar las distintas actividades.
El nivel superior habría estado ocupado por un jefe, quien, de acuerdo con la investigación, recibía dinero proveniente de las actividades ilícitas, impartía órdenes y mantenía participación directa en el manejo de armas de fuego y municiones.
Por debajo de esa conducción habría existido un grupo de organizadores y referentes, encargados de controlar los distintos puntos de venta de droga, recibir información sobre el movimiento de los denominados búnkers, coordinar el abastecimiento y transmitir información hacia los niveles superiores.
También habría personas destinadas específicamente a la venta directa de estupefacientes, tanto en los puntos de comercialización como mediante contactos con consumidores. Algunas de ellas tenían además la función de informar quiénes se encontraban en cada lugar, cuánto material había disponible y cuál era el movimiento de las ventas.
Otros integrantes se habrían encargado de trasladar droga, almacenar sustancias en domicilios, fraccionarla y abastecer los puntos de venta.
La investigación también detectó personas que habrían cumplido tareas vinculadas exclusivamente con la recaudación y administración del dinero obtenido a partir de las actividades ilícitas. Parte de esos fondos habría sido transferida mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias.
El brazo armado
Otro de los componentes que aparece con mayor importancia dentro de la investigación es el denominado brazo armado de la organización.
Fuentes consultadas señalaron que había integrantes cuya función estaba relacionada con la tenencia, custodia y traslado de armas y municiones, mientras que otros habrían intervenido directamente en ataques con armas de fuego.
La hipótesis sostiene que esas acciones no eran hechos aislados, sino que estaban vinculadas con la necesidad de proteger los puntos de venta, resolver conflictos territoriales, intimidar a personas consideradas rivales y ejercer presión sobre quienes mantenían deudas relacionadas con la compra de estupefacientes.
En ese contexto aparecen investigados por su presunta participación en distintas balaceras ocurridas en Rafaela durante mayo y junio. La investigación considera que algunos de esos ataques tenían como finalidad generar temor y demostrar capacidad de respuesta frente a otros grupos que disputaban territorio.
Droga, búnkers y distintos puntos de venta
Uno de los principales ejes de la investigación es el microtráfico de estupefacientes. Los investigadores identificaron distintos domicilios que, según la hipótesis, eran utilizados como puntos de venta. Entre ellos aparecen viviendas ubicadas en sectores de la ciudad donde se habrían desarrollado actividades de comercialización, almacenamiento y fraccionamiento.
En distintos procedimientos realizados durante los últimos meses se secuestraron cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, envoltorios, elementos utilizados para el fraccionamiento y dinero en efectivo.
Entre los procedimientos incorporados a la investigación aparece uno en el que se secuestraron 42,6 gramos de cocaína distribuidos en 71 envoltorios, mientras que en otras intervenciones se encontraron distintas cantidades de cocaína fraccionada, marihuana y elementos asociados a su comercialización.
En los allanamientos realizados el viernes 21 de agosto también se produjo el secuestro de 178,4 gramos de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y anotaciones relacionadas con nombres y cantidades.
Privaciones de la libertad y extorsiones
Pero la investigación no se limita al comercio de drogas. Fuentes consultadas por RAFAELA NOTICIAS indicaron que también se investigan hechos relacionados con privaciones ilegítimas de la libertad y extorsiones.
De acuerdo con la hipótesis, algunos integrantes habrían utilizado uno de los puntos de venta para mantener a personas retenidas, sometiéndolas mediante agresiones físicas, amenazas y custodia permanente. El objetivo habría sido obtener dinero de las víctimas y ejercer presión sobre ellas para el pago de determinadas sumas.
En ese esquema también aparecen personas que habrían cumplido funciones secundarias, como vigilar a las víctimas, realizar controles de seguridad, identificar posibles objetivos y mantener las comunicaciones posteriores. Incluso se habría utilizado una cuenta de Mercado Pago y una línea telefónica para canalizar parte de esas actividades.
Las balaceras que permitieron avanzar sobre la estructura
La investigación comenzó a tomar una dimensión mayor a partir de una serie de ataques con armas de fuego registrados en Rafaela durante mayo y junio de este año. Uno de ellos ocurrió el 14 de mayo, cuando un adolescente resultó herido de bala. El 28 de mayo se produjo otro ataque contra una vivienda del barrio Monseñor Zaspe, donde fueron secuestradas nueve vainas servidas y dos proyectiles. Dos días después, el 30 de mayo, se registró un ataque contra una habitación de un hotel de calle Palmieri. Ya en junio se produjeron nuevos episodios. El 1 de junio hubo disparos frente a una vivienda de calle Eros Faraudello y, ese mismo día, un ataque en barrio Amancay dejó tres personas heridas. El 2 de junio se registraron otros dos ataques armados contra viviendas, mientras que el 5 de junio una joven resultó herida de bala en el brazo durante otro episodio.
A partir del análisis de esos hechos, los investigadores habrían detectado la existencia de dos grupos enfrentados por territorio y actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes y armas. Otro elemento que habría permitido avanzar en la identificación de los integrantes fue el análisis de teléfonos celulares secuestrados en investigaciones anteriores.
Las comunicaciones permitieron reconstruir vínculos entre personas que aparecían relacionadas con las balaceras y con distintos hechos vinculados al comercio de drogas. Según las fuentes consultadas, ese análisis permitió establecer comunicaciones referidas a venta de estupefacientes, disponibilidad de droga, movimientos de dinero, armas, conflictos y coordinación entre distintos integrantes. También habría permitido establecer la existencia de una estructura en la que cada integrante cumplía determinadas funciones.
Los allanamientos del viernes
Toda esa información confluyó en los procedimientos realizados el viernes 21 de agosto, cuando se llevaron adelante múltiples allanamientos en Rafaela y se produjeron seis nuevas detenciones. En esos operativos se secuestraron drogas, armas, municiones, dinero, balanzas y teléfonos celulares, además de documentación y anotaciones que ahora forman parte de la investigación. Sin embargo, los seis detenidos de esos procedimientos representan solamente una parte de las personas que serán llevadas a la audiencia. En total son 23 los imputados, incluyendo personas que ya estaban detenidas desde marzo, abril, mayo, junio y otras fechas por investigaciones diferentes.
La audiencia de este miércoles tendrá como objetivo que se formulen formalmente las acusaciones. La investigación planteará para el presunto jefe la acusación de asociación ilícita en calidad de jefe; para otro de los principales referentes, la condición de organizador, mientras que para los restantes se analiza su participación como miembros de la estructura. En varios casos también se atribuye el delito de comercio de estupefacientes en modalidad de microtráfico agravado por la participación de tres o más personas.
La audiencia será clave para conocer cómo se presentan formalmente las acusaciones y qué evidencias se incorporan a la causa para solicitar las medidas cautelares en un audiencia posterior.
Fuente: Rafaela Noticias
