El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en coordinación directa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabaja en la implementación de una medida sin precedentes que contempla la cancelación masiva de hasta 200.000 visas de turismo y negocios (categorías B1 y B2). La acción está dirigida a aquellos extranjeros que ingresaron al territorio estadounidense con permisos de visitante temporal de corta duración y que, posteriormente, iniciaron un trámite de solicitud de asilo para radicarse de manera permanente.
Según documentos internos del gobierno estadounidense y confirmaciones brindadas por voceros oficiales, las cancelaciones afectarán a las credenciales expedidas en la última década, abarcando el periodo entre 2016 y 2026. La medida busca restringir lo que desde la administración califica como un uso indebido de los permisos de ingreso temporal por parte de personas cuya intención original difiere de las razones declaradas al momento de solicitar el visado.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la iniciativa coordinada busca identificar y revocar los permisos de no inmigrante de quienes ingresaron bajo el estatus de turismo o viajes de negocios pero decidieron iniciar un trámite de asilo. Las autoridades aclararon que el proceso se llevará a cabo de manera gradual e indicaron que las cifras finales pueden variar a medida que avancen los cruces de bases de datos entre las agencias federales.
La revocación de estos permisos no derivará de forma automática e inmediata en la deportación de los solicitantes de asilo. En la práctica, quienes tengan causas o expedientes de protección pendientes continuarán bajo el proceso de revisión correspondiente ante la justicia migratoria, pero perderán su condición formal de viajeros o visitantes de negocios, lo que modifica sus categorías legales de estadía en el país.
Esta nueva disposición forma parte del paquete de políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer el acceso a permisos de permanencia y agilizar los mecanismos de fiscalización fronteriza. Diversas organizaciones de derechos civiles y analistas legales prevén que la medida enfrente impugnaciones en los tribunales federales una vez que el anuncio y la implementación oficial queden formalizados en las próximas semanas.
Fuente: Rafaela Noticias
