En horas de la mañana de este jueves, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida Italia al 1400, donde reside la presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Italia, Miriam Galaverna.
El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por presuntas situaciones de hostigamiento que la dirigente barrial habría ejercido contra una víctima y su entorno.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron un teléfono celular marca Samsung y una computadora notebook marca Toshiba, de color gris.
De acuerdo con el parte policial, el celular era utilizado por Galaverna y fue secuestrado por disposición de la autoridad judicial interviniente. La notebook también fue incorporada al procedimiento tras la requisa realizada en el domicilio.
Además de los secuestros, el procedimiento derivó en la detención de Galaverna, quien fue trasladada a sede policial para ser notificada de la causa y posteriormente quedó alojada en la Alcaidía de la Jefatura, previa revisión médica.
El contexto de la investigación
La causa en la que se produjo el allanamiento está vinculada con otra investigación en la que se encuentra imputado y con prisión preventiva el hijo de Galaverna, acusado de abuso sexual contra una adolescente menor de edad.
La investigación contra el hombre se inició a partir de una denuncia radicada en julio de 2025. Según explicó la fiscal Brenda Baños durante una audiencia realizada en junio, la develación de los hechos se produjo en el marco del entorno terapéutico en el que era asistida la menor.
El acusado permanece privado de su libertad desde noviembre de 2025, cuando el juez de la Investigación Penal Preparatoria Nicolás Stegmayer le dictó la prisión preventiva por 90 días. Posteriormente, la medida fue prorrogada en distintas audiencias de revisión.
En junio pasado, la Justicia volvió a analizar su situación. En una audiencia de apelación, el juez de Segunda Instancia Matías Drivet rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva.
En esa instancia, la defensa había solicitado la libertad del acusado o, alternativamente, una prisión domiciliaria en un inmueble de barrio Italia, además de ofrecer una caución económica de $10 millones.
La Fiscalía, en tanto, sostuvo que existían elementos suficientes para mantener la medida cautelar y señaló que ya había presentado la acusación formal, solicitando una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Finalmente, Drivet consideró que existía la probabilidad necesaria para sostener, en esta etapa del proceso, que el hecho había ocurrido y vincular al acusado con el mismo. También entendió que las alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales.
Ahora, la investigación volvió a tener movimiento con el allanamiento realizado en la vivienda de la presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Italia, donde además de concretarse su detención fueron secuestrados un celular Samsung y una notebook Toshiba gris, elementos que quedaron incorporados a la causa.
Fuente: Rafaela Noticias
