La propietaria del geriátrico clandestino ubicado en barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, se presentó este martes de manera voluntaria ante la Policía de Investigaciones (PDI), luego de permanecer varios días prófuga desde que se descubriera el funcionamiento irregular del lugar.
La mujer quedó a disposición de la Justicia y, según está previsto, será imputada este viernes en una audiencia que se desarrollará en los Tribunales santafesinos. La investigación está a cargo del fiscal Manuel Cecchini y la audiencia será presidida por la jueza Rosana Carrara.
En paralelo, un hombre que trabajaba en el establecimiento permanece detenido y afrontará este miércoles una audiencia imputativa en una causa vinculada a presuntos hechos de maltrato contra los residentes.
Un incendio expuso la situación
El caso comenzó a investigarse el pasado 29 de julio, cuando un incendio en el inmueble permitió descubrir las condiciones en las que permanecían alojados los adultos mayores.
De acuerdo con la investigación, el fuego fue iniciado por uno de los residentes con el objetivo de llamar la atención sobre la situación que atravesaban. Tras la intervención de los Bomberos Zapadores, los ocupantes fueron rescatados sin sufrir lesiones de gravedad.
Posteriormente comenzaron a conocerse testimonios que describían un escenario de presunto abandono, falta de alimentación, restricciones para comunicarse con familiares y manejo de las jubilaciones por parte de quienes administraban el lugar.
Los adultos mayores fueron trasladados
Luego del operativo, la Municipalidad de Santa Fe dispuso el traslado de los siete adultos mayores que permanecían en el geriátrico hacia la Casa Beata Clara, donde continúan recibiendo asistencia mientras se trabaja en su reubicación definitiva.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que colaboran con la investigación judicial y explicaron que el inmueble nunca había solicitado habilitación como residencia para adultos mayores, por lo que figuraba como una vivienda particular y no existían denuncias previas que permitieran una intervención administrativa.
La causa continúa avanzando para determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas y esclarecer el funcionamiento del establecimiento clandestino.
Fuente: Rafaela Noticias
