El caso del geriátrico clandestino detectado en barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer los controles sobre las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores. En ese contexto, tomó nuevamente impulso un proyecto de ley presentado en abril en la Cámara de Diputados provincial.
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para la habilitación, fiscalización y control de geriátricos y clínicas que alojan a personas mayores. El proyecto surgió a partir de la preocupación de familiares y personas vinculadas al cuidado de adultos mayores frente a situaciones de vulnerabilidad y abandono.
Registro público y controles más estrictos
Uno de los ejes principales de la propuesta contempla la creación de un Registro Provincial Público de Geriátricos, con el objetivo de que las familias puedan consultar qué establecimientos cuentan con habilitación y conocer las condiciones en las que funcionan antes de elegir un lugar para sus familiares.
Además, el proyecto plantea que los establecimientos que no cumplan con los requisitos exigidos no puedan continuar funcionando y prevé la aplicación de sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.
Requisitos para la habilitación
La iniciativa también establece condiciones obligatorias para el funcionamiento de estos espacios. Entre ellas, se incluyen requisitos de infraestructura, higiene y seguridad, personal capacitado para la atención de adultos mayores y cobertura de responsabilidad civil.
El proyecto apunta a garantizar mejores condiciones de atención para una población considerada especialmente vulnerable y busca establecer criterios unificados para la habilitación y supervisión de estos establecimientos.
Pedido para avanzar con el tratamiento
Tras la repercusión del caso ocurrido en la capital provincial, el proyecto volvió a instalarse en el debate legislativo. La propuesta busca avanzar con una regulación específica para los geriátricos, incorporando herramientas de control y acceso a la información pública sobre los establecimientos habilitados.
Además de los aspectos vinculados a la infraestructura y la fiscalización, la iniciativa también pone el foco en la importancia de contar con personal capacitado y con condiciones adecuadas para la atención de las personas mayores.
Fuente: Rafaela Noticias
