La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER). La propuesta busca proteger a los consumidores, extender la vida útil de los productos y promover un modelo de consumo sostenible frente al descarte sistemático de aparatos electrónicos y electrodomésticos.
El eje central de la iniciativa reconoce el derecho de toda persona a reparar sus bienes —o elegir libremente quién lo haga— accediendo a los componentes, herramientas y manuales necesarios. Asimismo, consagra la prioridad de la reparación por sobre la sustitución completa del equipo cuando resulte factible.
Fin a las trampas de diseño y fallas programadas
Uno de los puntos clave del proyecto es la prohibición explícita de la obsolescencia programada, definida como el uso de decisiones de diseño, producción o software orientadas a acortar intencionalmente la vida útil de un artefacto.
También se prohíben las llamadas «barreras a la reparación», como el bloqueo informático de componentes o el emparejamiento de piezas digitales que impidan la instalación de repuestos compatibles o talleres independientes.
Entre las principales obligaciones que establece el texto legislativo destacan:
Repuestos garantizados: Los fabricantes e importadores deberán proveer piezas durante un período mínimo tras discontinuar un producto. Para electrodomésticos de línea blanca, el plazo fijado no podrá ser menor a 10 años.
Acceso a información técnica: Deberán difundirse de forma gratuita y en español manuales, diagramas, códigos de error y herramientas de diagnóstico.
Regulación del software: Se prohíben las actualizaciones que reduzcan el rendimiento del equipo o el uso de inteligencia artificial destinado a degradar deliberadamente el funcionamiento del dispositivo.
Extensión de garantía: Reparar un bien dentro de la garantía legal extenderá la cobertura por un año adicional.
Transparencia para el comprador y nuevo marco institucional
Para orientar las compras, la ley prevé la creación de un Índice de Reparabilidad. Este indicador, visible en los productos, evaluará aspectos como la facilidad de desarme, la disponibilidad y costo de repuestos, la vida útil estimada y el acceso a datos técnicos.
A nivel institucional, la propuesta plantea la puesta en marcha de un Consejo Consultivo Nacional del Derecho a Reparar —integrado por el INTI, el Conicet, universidades, cámaras empresariales y asociaciones de consumidores— junto con una plataforma pública para localizar servicios técnicos independientes.
Según los fundamentos del proyecto, la medida busca alinear a la Argentina con normativas internacionales avanzadas —como las de la Unión Europea— para reducir la chatarra electrónica, fortalecer a la industria de reparación local y generar ahorro de divisas al desacelerar la importación constante de nuevos bienes.
