En el marco de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, promulgada mediante el Decreto 137/2026 en marzo de este año, el Poder Ejecutivo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictaron un conjunto de decretos reglamentarios y resoluciones generales que hacen operativa la norma principal.
Carina Castrillón, líder de la Red de Dinámica Laboral, parte de la Red de Abogados de Empresa del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socia del Estudio Bulló Abogados, elaboró un informe que sintetiza las diez normas emitidas hasta la fecha y que abarcan cuatro grandes ejes: el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), la digitalización de la registración y de la documentación laboral (libro de sueldos, recibos y certificados del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo —LCT—) y el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) junto con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Respecto del RIMI, el Decreto 242/2026 “reglamenta el Título XXIII de la Ley 27.802, determinando los beneficios impositivos y cambiarios aplicables a las medianas inversiones. El régimen alcanza a las inversiones realizadas desde la entrada en vigor de la ley y hasta un plazo de dos años”. Asimismo, la Resolución General conjunta 5849/2026, “implementa la registración de las inversiones, la selección de los beneficios y la gestión integral del RIMI a través del servicio web ‘Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)’, que administrará ARCA”. Así, “define el procedimiento de inscripción digital, los requisitos de certificación pyme y las pautas de control para acceder a beneficios impositivos y aduaneros”.
El Decreto 315/2026 “reglamenta el Título XX de la Ley 27.802, en particular los artículos referidos al RIFL y a la reducción de contribuciones patronales. Delimita el marco operativo para que las empresas del sector privado apliquen las exenciones en las cargas de la seguridad social durante los primeros 48 meses de la relación laboral”. Además, la Resolución General 5844/2026 del ARCA reglamente el RIFL, “reduciendo las contribuciones patronales al 5% durante 48 meses para nuevos trabajadores. Este beneficio aplica desde mayo de 2026, utilizando el código de modalidad 710 en la Declaración Jurada F. 931. Complementa el Decreto 315/2026, estableciendo el procedimiento, plazos y condiciones para acceder a la reducción de alícuotas patronales. Habilita las herramientas informáticas dentro del portal del organismo recaudador para que los empleadores exterioricen la opción de adhesión al beneficio del RIFL”.
La Resolución General 5848/2026 del ARCA “determina el procedimiento para la confección de los certificados de trabajo digitales previstos en el art. 25 de la Ley 27.802 —que modifica el art. 80 de la Ley 20.744—. Digitaliza y unifica la emisión de las certificaciones del artículo 80 de la LCT a través de la plataforma web del ARCA”.
La Resolución General 5850/2026 del ARCA “modifica la Resolución General 3693 y adecua los sistemas aplicativos informáticos y los códigos de retención a la nueva normativa laboral. Incorpora la emisión obligatoria del recibo de sueldo en forma electrónica a través del ‘Registro Especial del Personal de Casas Particulares’”.
El Decreto 407/2026 “reglamenta las modificaciones introducidas en los arts. 52, 103 bis, 105, inc. f) del art. 132, 140, 210, 240, 241 y 252 de la Ley 20.744. Cuenta con tres anexos que regulan la simplificación registral, el desglose de costos en recibos y la validación de certificados médicos”. En este sentido, “modifica la obligación material de registrar los vínculos en libros físicos o digitales locales en los términos del art. 52 de la LCT”, “obliga a detallar en el recibo de sueldo la discriminación explícita e individualizada de los aportes destinados a sindicatos, seguridad social, obra social, ART y contribuciones a cámaras empresarias” e indica que “los certificados médicos laborales deben tramitarse mediante firmas y plataformas sanitarias digitales homologadas”.
El Decreto 408/2026 “otorga operatividad y determina las pautas de administración y las alícuotas del FAL”, estableciendo “las definiciones de micro, pequeñas y medianas empresas, entidades habilitadas, cuenta individual del empleador, cobertura mínima y trabajador registrado”.
El Decreto 409/2026 “permite a los empleadores regularizar a los trabajadores no registrados o con registro deficiente, ofreciendo importantes condonaciones de deuda. Establece los parámetros de condonación de deuda del PER por regularización de relaciones mal y/o no registradas, con porcentajes según el tipo de empleador:
• Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: 90%.
• Medianas Empresas, tramo 1 y tramo 2: 80%.
• Demás empleadores: 70%”.
La Resolución General 5862/2026 del ARCA “complementa el Decreto 409/2026. Crea y valida el uso de códigos específicos de regularización y conceptos rectificativos en las declaraciones juradas mensuales (Formulario 931) para que las empresas n las remuneraciones o fechas reales y obtengan, de forma automática, el beneficio legal de la condonación de deudas”.
