Este jueves, el Senado de Santa Fe volverá a debatir el proyecto de modificación del Código de Convivencia que busca regular la actividad de los cuidacoches en la provincia.
La iniciativa regresa a la Cámara alta luego de haber sido modificada por Diputados, por lo que los senadores definirán si aceptan esos cambios o insisten con la redacción original aprobada en marzo.
En ese marco, el senador Ciro Seisas anticipó que impulsará el texto inicial, al considerar que las modificaciones alteran el objetivo de la propuesta.
«Quedó redactado de una manera en que tenés que demostrar que hay intimidación o amenaza», sostuvo el legislador al cuestionar la versión aprobada por la Cámara baja.
Las diferencias entre ambas propuestas
El proyecto original del Senado establece la prohibición de ofrecer o exigir dinero por cuidar, estacionar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública cuando esa actividad no cuente con autorización de la normativa local.
La iniciativa contempla sanciones como trabajos comunitarios, prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción y arresto en casos de reincidencia. Además, prevé penas más severas cuando existan amenazas, hechos de violencia, actuación organizada o cuando la actividad se desarrolle en zonas sensibles, como escuelas, hospitales, bancos, eventos masivos o áreas de estacionamiento medido.
En cambio, el texto aprobado por Diputados elimina la prohibición general y limita las sanciones a situaciones donde exista intimidación, amenazas o exigencia de dinero, siempre que la actividad se realice en lugares donde una ordenanza municipal la prohíba.
Mayor participación de los municipios
Las modificaciones introducidas por Diputados también asignan un rol más activo a los gobiernos locales.
La propuesta establece que serán los municipios quienes lleven adelante la acción contravencional y puedan solicitar la intervención policial para hacer cesar la actividad cuando corresponda.
Asimismo, incorpora un capítulo vinculado a la inclusión social, mediante el cual se propone que el Poder Ejecutivo provincial implemente programas de capacitación laboral, formación en oficios y asistencia para las personas que actualmente realizan esta actividad. También contempla políticas relacionadas con salud mental y consumos problemáticos e invita a los municipios a desarrollar iniciativas similares.
Otro de los cambios incorporados fue la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe.
La ley sola no resolverá el problema
Más allá de defender la versión original del proyecto, Seisas sostuvo que una eventual aprobación de la norma no significará una solución inmediata.
«Hay que ser cautos: si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver 30 años de problemas con una norma de siete artículos», afirmó.
El legislador consideró que, una vez sancionada la ley, será necesario avanzar en un trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios para garantizar su implementación y desarrollar políticas de inclusión cuando sea posible.
Finalmente, resumió el objetivo que persigue la iniciativa. «Solamente cuando lleguemos al día en que vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden a hombres y mujeres, vamos a poder decir que empezamos a arreglar el tema», concluyó.
