La posible prohibición de la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe continúa generando debate. En ese marco, la Delegada Episcopal de la Pastoral Social de Santa Fe, Melisa Seimandi, participó de una reunión con legisladores provinciales para exponer la postura de la Iglesia frente al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
Seimandi explicó que desde la doctrina social de la Iglesia se plantea la necesidad de diferenciar dos realidades distintas. Por un lado, aquellas personas que, impulsadas por la necesidad económica, ofrecen de manera voluntaria servicios de cuidado o lavado de vehículos a cambio de una colaboración. Por otro, quienes utilizan esta actividad para amenazar, extorsionar o generar situaciones de violencia hacia los conductores. “Estamos totalmente en contra de esas prácticas, pero no creemos que la prohibición general sea la solución”, sostuvo.
La representante de la Pastoral Social advirtió que la iniciativa coloca a todos los cuidacoches en una misma categoría, sin distinguir conductas. En ese sentido, remarcó que la problemática de fondo está vinculada a la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la vulnerabilidad social. “Muchas veces esta actividad no es una elección entre varias alternativas, sino la única posibilidad de subsistencia para una familia”, señaló.
Además, planteó que el Estado cuenta con herramientas legales para intervenir frente a situaciones de amenazas o extorsión, sin necesidad de criminalizar a quienes desarrollan la actividad de manera pacífica. Como alternativa, mencionó experiencias como la implementada en la ciudad de Santa Fe, donde se promovió el registro y la reconversión laboral de algunos cuidacoches a través de cooperativas de trabajo. “No creemos que esta actividad deba perpetuarse, pero sí que el Estado debe garantizar derechos y generar oportunidades para quienes hoy encuentran en ella su único ingreso”, concluyó.
