A tres semanas de la entrada en vigencia de la prohibición de la actividad de lavacoches en el área de estacionamiento controlado, el secretario de Prevención y Seguridad de Rafaela, Juan Manuel Saliba, realizó un balance positivo de la medida y confirmó que el municipio avanzará en la ampliación del área de control en un plazo estimado de entre un mes y medio y dos meses.
En diálogo con el programa televisivo Bien Despiertos, Saliba aseguró que “hoy podemos decir que tenemos un centro más ordenado”, y destacó el trabajo conjunto entre la Guardia Urbana, fuerzas policiales y personal de control. Según explicó, la medida respondió a un reclamo sostenido de comerciantes y vecinos de la zona céntrica.[{art:162893} [VIDEO]Robo en barrio Sarmiento: captaron a un ladrón en pleno robo]En cuanto a los resultados, indicó que se registraron 16 intervenciones que derivaron en actas. No obstante, aclaró que el objetivo principal no es sancionatorio: “El intendente no busca que se labren infracciones, sino el orden del espacio público”. En ese sentido, remarcó que no se detectaron casos de lavado compulsivo, es decir, situaciones en las que se realiza la actividad sin consentimiento del propietario del vehículo.
Saliba también subrayó que, hasta el momento, no se evidenció un desplazamiento significativo de la actividad hacia zonas aledañas. “No tuvimos traslado de lavacoches a otras áreas, lo que nos permite trabajar con un diagnóstico más preciso antes de ampliar”, sostuvo.
Respecto a la extensión de la medida, anticipó que el Ejecutivo local analiza nuevas zonas de intervención, aunque evitó precisar sectores. “Tenemos que hacer un buen diagnóstico para aprovechar los recursos. Por eso no se aplicó una prohibición general, sino focalizada en el área de estacionamiento controlado”, explicó.
El funcionario valoró además el proceso previo a la implementación, que incluyó una campaña de concientización durante 60 días. Según detalló, se relevaron alrededor de 1.000 casos, con un alto nivel de aceptación por parte de la ciudadanía. “Hubo un trabajo previo muy importante que permitió aplicar una medida viable”, afirmó.
En paralelo, reconoció que comenzaron a observarse “mutaciones” en la actividad, con algunas personas que ahora se dedican a la venta ambulante o solicitan ayuda en la vía pública. “Está en agenda y se está trabajando. Lo que buscamos es el orden público y la convivencia ciudadana”, señaló.
En relación a las sanciones, precisó que las multas por incumplimiento oscilan entre los 25.000 y los 800.000 pesos, dependiendo de lo que determine el Juzgado de Faltas.
Por otro lado, Saliba se refirió a otras acciones en materia de seguridad. Destacó avances en la instalación de cámaras en clubes de la ciudad tras el foro de seguridad realizado con instituciones deportivas, y confirmó que se trabaja en un esquema de monitoreo conjunto con entidades que cuentan con sistemas propios.
Asimismo, mencionó que el municipio continúa reforzando la presencia territorial con la incorporación de nuevos agentes y la compra de móviles para la Guardia Urbana. En este marco, indicó que mantienen reuniones permanentes con vecinos de distintos barrios ante reclamos por hechos de inseguridad.
Finalmente, reiteró que el objetivo central de las políticas impulsadas por el Ejecutivo es “ordenar el espacio público” y garantizar mejores condiciones de convivencia, aunque reconoció que se trata de procesos que requieren continuidad: “Son medidas que hay que sostener en el tiempo para que sean efectivas”.
