Un conocido comerciante de Rafaela, propietario de un supermercado en la zona Oeste de la ciudad, está siendo buscado intensamente por la policía en el marco de una causa judicial en el que se lo investiga por la presunta comisión de un delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por tratarse la víctima de una menor de edad y por el hecho de que sería hija adoptiva del hombre.
Si bien en la investigación hay absoluta reserva, RAFAELA NOTICIAS pudo saber que la denuncia contra el nombrado data del mes de febrero y habría sido realizada por su expareja, quien convivía con el comerciante y sus hijas adoptivas en un domicilio de barrio 9 de Julio.
Como este tipo de denuncias requieren una serie de entrevistas y procedimientos que permitan establecer si existen evidencias que permitan avanzar en la investigación o lisa y llanamente descartarla, pasaron varias semanas hasta que en los últimos días se realizó una entrevista en cámara gesell a la víctima.
Como se sabe, en este procedimiento la víctima -que en este caso tiene 14 años-, con el acompañamiento de psicólogos y en un contexto de resguardo y contención, puede describir los hechos con libertad. Generalmente las evidencias que surgen de esos testimonios son claves para establecer otros trámites procesales, como puede ser incluso una orden de detención contra el sospechoso.
Esto es lo que habría sucedido. Luego de ese testimonio, y con otras evidencias en su poder, la fiscal Gabriela Lema -quien se desempeña en la Unidad Fiscal de Violencias de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5- pidió la captura del comerciante, cuya identidad no se revela en razón de compartir el apellido con la víctima.
También se conoció que en el avance de la causa la expareja del hombre se constituyó como parte querellante, con la representación legal del caso a cargo de la penalista Dra. Cristina Fortunato.
Alerta a Interpol
La desaparición del comerciante investigado de los lugares que solía frecuentar movió también a que se proyectara un alerta a las áreas de Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y a Interpol, para evitar su salida del país, dado que tiene medios económicos para hacerlo.
Por otra parte, también se supo que el hombre habría iniciado acciones para desprenderse -al menos nominalmente- del comercio que vino administrando en los últimos años, transfiriendo su propiedad a familiares que son sustancialmente ajenos a la causa por la que se lo investiga.
En ese contexto, los cambios de firmas y titularidad de negocios habrían generado algunos conflictos con empleados, que no tienen que ver con la causa principal bajo investigación y que -en caso de ser judicializados- se deberán resolver en tribunales civiles.
