El abogado ambientalista Enzo Culazo Orué cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió que los cambios propuestos implican un retroceso en la protección de los recursos naturales, especialmente en lo vinculado a las reservas estratégicas de agua.
Según explicó, la modificación apunta a trasladar a las provincias la facultad de definir qué glaciares o ambientes periglaciares tienen importancia hídrica, lo que podría dejar sin protección a ciertos territorios y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la minería o la explotación hidrocarburífera. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa responde a intereses de empresas multinacionales.
El especialista remarcó que los glaciares son fundamentales para el abastecimiento de agua en gran parte del país. Indicó que cerca del 70% del territorio argentino es árido o semiárido y que al menos 13 provincias dependen de estos ecosistemas para el consumo humano, la producción y el turismo. Además, señaló que no solo se trata de grandes masas de hielo visibles, sino también de sistemas menos evidentes, como los glaciares de roca, que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.
En relación al desarrollo minero, Culazo Orué planteó que, si bien podría existir compatibilidad con controles adecuados, el modelo actual genera más perjuicios que beneficios. Cuestionó el bajo nivel de regalías, los beneficios fiscales para las empresas y la falta de control estatal, lo que —según afirmó— convierte a estos proyectos en un esquema de “saqueo” donde los recursos se exportan con escaso valor agregado.
También vinculó la reforma con una posible pérdida de soberanía, al considerar que los minerales estratégicos deberían utilizarse para impulsar un modelo de desarrollo nacional, en lugar de beneficiar a intereses externos. En esa línea, criticó el rol del Gobierno nacional y advirtió sobre la influencia de factores geopolíticos en las decisiones.
Finalmente, anticipó que la norma ya comenzó a ser judicializada y que distintas organizaciones impulsan acciones legales colectivas para frenar su implementación. “Hay una creciente conciencia social en defensa del agua y los territorios”, concluyó.
